La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha exigido al Gobierno del Estado que las garantías económicas y jurídicas queden «por escrito» para evitar que Galicia pague «una factura millonaria» por el traspaso de la AP-9.

En respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PPdeG Roberto Rodríguez en el pleno de la Cámara gallega, la conselleira ha reivindicado que se recuperen en la Ley orgánica aprobada en Madrid las «garantías» que figuraban en el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pazo do Hórreo.

En este sentido, ha incidido en que, si Estado va a asumir las obligaciones y consecuencias económicas vinculadas a la autopista se debe poner por escrito para que «quede constancia».

Y es que, conforme ha señalado, deben quedar por escrito, entre otras cuestiones, que Galicia no asumirá las consecuencias económicas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, que el Estado hará frente a las actuaciones e inversiones necesarias en la AP-9 y que estarán garantizados los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones.

La conselleira ha advertido de que estos son riesgos que la Xunta considera reales y que deben quedar resueltos antes de culminar el proceso de traspaso.

Ante esta situación, ha explicado que la Xunta solicitó formalmente la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Galicia con el objetivo de resolver las discrepancias existentes y garantizar que el futuro traspaso cuente con la «máxima seguridad jurídica y financiera».

Allegue ha destacado como, a través de esta vía, la Xunta pretende que el traspaso «no sea un lastre» para Galicia, garantizar la seguridad jurídica que presupone una ley orgánica y blindar la norma frente a las «ambigüedades» que, en su opinión, existen en el texto a aprobado en el Congreso para que la futura Comisión Mixta de Transferencia pueda desarrollar sus trabajos sobre un marco cierto y seguro.

La conselleira ha advertido de que sería «profundamente irresponsable aceptar hoy una transferencia y descubrir mañana que Galicia tiene que asumir miles de millones de euros derivados de decisiones que no tomó».

De este modo, ha recordado que la Xunta lleva más de una década reclamando formalmente esta transferencia, a través de sucesivas iniciativas impulsadas desde el Parlamento de Galicia y ha reivindicado que Galicia quiere la transferencia de la AP-9 y ha rechazado que se ponga en cuestión esta voluntad.

En este sentido, ha señalado que Galicia quiere una AP-9 gallega, pero no una factura que no corresponde a los gallegos y que, según ha advertido, se pretende que asuma la Comunidad gallega.

Finalmente, ha reclamado a las fuerzas políticas del Parlamento que rectifiquen y que las garantías queden expresamente recogidas por escrito.