La primera cata arqueológica en la fosa de Serantes, en el cementerio de San Salvador de Ferrol, ha confirmado las hipótesis más duras de la investigación histórica: se trata de un espacio de «masacre» y «violencia extrema» donde las víctimas del golpe de 1936 y la posguerra fueron arrojadas de forma irregular, superpuestas y en una zanja mucho más profunda y estrecha de lo que se estimaba inicialmente.

Los trabajos, desarrollados en el marco del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ya han permitido exhumar los restos de tres individuos, aunque los investigadores adelantan que el número total de enterrados podría superar las 200 personas.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha destacado el seguimiento ciudadano de estos trabajos y ha reafirmado el respaldo institucional al equipo multidisciplinar. «Hoy toca dar explicaciones a quienes están haciendo el trabajo, a quienes saben qué avances concretos se produjeron. Seguiremos apoyando a Histagra (grupo de investigación de la USC) y a los profesionales que trabajan aquí con vocación y dedicación absoluta en beneficio de la memoria democrática y de la sociedad de progreso», ha señalado.

COMPROMISO DEL GOBIERNO CENTRAL

La directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, presente en el acto, ha subrayado el compromiso del Gobierno con Galicia y ha avanzado que se seguirá financiando la exhumación en Serantes, Boisaca (Santiago) y Carral.

«El año pasado financiamos estos trabajos con 150.000 euros y seguiremos colaborando para exhumar los cuerpos, identificarlos y entregarlos a sus familias. Estamos aquí para defender los derechos humanos y la memoria de las familias y las víctimas», ha proclamado.

El profesor de Historia de la USC y decano de la Facultad de Geografía e Historia, Antonio Míguez Macho, coordinador científico del proyecto, ha explicado que el equipo trabaja desde distintas disciplinas –historia, arqueología, antropología y genética– debido a la complejidad del yacimiento. «Estamos en un lugar en el que se produjo una masacre, una violencia extrema, y las personas que oficiaron procuraron no enterrar de manera normal, sino ocultar los restos», ha asegurado.

Míguez ha revelado que las primeras estimaciones situaban el número de víctimas entre 170 y 175, pero los trabajos de investigación histórica elevaron la cifra a 189 y, actualmente, el equipo baraja que «son 200 o cerca de 200, o más de 200 personas» asesinadas entre 1936 y, al menos, 1942.

PRIMEROS HALLAZGOS

La investigadora responsable del estudio histórico, Lucía Santiago Sanmiguel, ha detallado los resultados preliminares de la cata arqueológica, dirigida por Oria Ferreiro. «La semana pasada lanzamos hipótesis; hoy, con la intervención arqueológica, las confirmamos», ha aseverado.

Así, ha explicado que se realizó una cata de 2 por 1,20 metros de ancho y 1,50 metros de profundidad en lo que se consideraba el final de la fosa, pero se comprobó que la zanja continúa. La fosa tiene una morfología alargada, 50 centímetros de ancho, una longitud que supera los 8,70 metros y una profundidad mayor de 1,50 metros, donde han aparecido extremidades superiores de tres individuos superpuestos, sin que se hayan alcanzado aún las extremidades inferiores.

«Los restos están en posición primaria y superpuestos. Confirmamos que esta fosa pertenece a víctimas del golpismo, tal como apuntaba la documentación y la fuente oral, que señala a las 18 víctimas del 12 de octubre de 1936», ha añadido Santiago Sanmiguel, que ha insistido en que la investigación continúa abierta con análisis antropológicos, genéticos y nuevas intervenciones.

El responsable del estudio antropológico, Edgar Camaros, profesor de la USC, ha calificado la jornada como «importante» porque el equipo culmina la primera fase de la exhumación y constata que el espacio fue escenario de «violencia extrema» a través del tipo de deposición. «A partir de hoy iniciamos el proceso de identificación antropológico y genético que permitirá identificar a las víctimas y dar respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos», ha afirmado.

REPRESIÓN

La diputada de Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra Tuñas, ha agradecido la financiación del Ministerio y la colaboración del equipo Histagra, y ha subrayado la importancia de no limitarse a la exhumación, sino de desarrollar una investigación histórica profunda sobre la represión en Galicia.

Agra ha calificado el golpe de 1936 y la posterior dictadura como «un genocidio ideológico» que eliminó a quienes podían hacer frente al régimen. Además, ha destacado que la fosa de Serantes es «diferente» a otras trabajadas en la legislatura, por su profundidad, estrechez y la evidencia de que los cuerpos fueron «violentamente tirados», con signos de violencia, en un lugar que llegó a ser escenario del asesinato de veinte personas al mismo tiempo.

«Consideramos un deber democrático devolver los restos a sus familias y recuperar las historias de dignidad y valentía de estas personas que fueron asesinadas por defender la legalidad vigente», ha sentenciado.