La Guardia Civil de Ourense ha detenido a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de estafa vinculado a supuestos productos de inversión y seguros con más de 325.000 euros de perjuicio patrimonial.
Según ha informado la Comandancia a través de un comunicado, la investigación se inició a partir de varias denuncias que permitieron detectar un ‘modus operandi’ basado en generar una relación de confianza con los clientes y una «apariencia profesional» vinculada a la actividad aseguradora.
En este caso, los perjudicados habrían realizado aportaciones económicas para presuntos depósitos o productos financieros «con rentabilidades que oscilaban aproximadamente entre el 3,95 % y el 7,40 % anual». El perjuicio patrimonial asciende a más de 325.000 euros vinculado a los diferentes afectados y operaciones investigadas.
Así las cosas, la investigación –que permanece abierta sin descartar la posible existencia de nuevas personas perjudicadas– también ha apuntado al presunto uso de documentación aparentemente falsa para «proporcionar una apariencia de legitimidad a las operaciones».
CASOS INVESTIGADOS
Tal y como han explicado, en el principal caso investigado se hicieron aportaciones durante varios años a través de diferentes transferencias bancarias. Cuando uno de los afectados solicitó el rescate de una cantidad superior 46.000 euros, recibió «varios justificantes de transferencias que posteriormente no habrían resultado efectivos».
Así, tras realizar comprobaciones ante las entidades relacionadas con los presuntos productos, se determinó que «no constaban los depósitos o aportaciones comunicados a las personas perjudicadas».
En esta línea, en otros hechos investigados, se habrían cobrado en efectivo o por transferencias cantidades correspondientes a primas de seguros entregando después justificantes o documentas que acreditaba aparentemente la contratación.
Sin embargo, tras comprobar con las compañías aseguradoras, se detectó que determinadas pólizas no habían sido correctamente formalizadas de tal forma que algunos afectados tuvieron conocimiento de la situación «cuando recibieron comunicaciones de sus respectivas aseguradoras».

