El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado este jueves la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta contra varios artículos de un decreto del Gobierno que regula las denominadas zonas de aceleración renovables.

La decisión del Tribunal Constitucional trascendió el miércoles y, un día después, aparece reflejada en una publicación del BOE, que especifica que el recurso del Gobierno gallego cuestiona varios artículos del Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. En concreto, se trata del 15.1 f), siete subapartados del punto 16 y otros dos del 18 y los puntos 17, 21 y 29.

Estos artículos, entre otras cuestiones, regulan las denominadas zonas de aceleración renovables (ZAR). La Xunta de Galicia en su demanda alega que los preceptos impugnados podrían vulnerar el artículo 86 de la Constitución por incumplir el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad.

Asimismo, el recurso de inconstitucionalidad sostiene que la norma es contraria al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y también contraria al principio de seguridad jurídica.

EL RECURSO

En estas zonas se permite instalar proyectos estratégicos por cumplir una serie de requisitos, como contar con una buena conexión con la red o no tener impacto ambiental o sobre el patrimonio.

Existe una legislación básica, que es del Estado, y, después, son las comunidades autónomas las encargadas de determinar dónde están estas zonas. Pero con el decreto estatal, según denuncia la Xunta, el Gobierno central «acaba de redefinir estos criterios y es una normativa tan detallada que en la práctica no deja ningún margen de maniobra a la Xunta para determinar dónde deben estar estas zonas».

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, criticó en la presentación del recurso que el decreto «introduce un informe preceptivo por parte del Ministerio, impone mecanismos obligatorios de negociación en caso de no estar de acuerdo y atribuye al ministerio un papel determinante en la publicidad de esas zonas».

Además, cargó contra la cartografía que aprueba, que «antes era orientativa y ahora se transforma en obligatoria». «Eso supone que solo se podrían instalar las zonas de aceleración de renovables en el 0,16% del territorio», indicó. «De una manera totalmente dispersa y contrario a lo que nos pide la Comisión Europea, que es tener zonas suficientes para avanzar en renovables», según incidió la conselleira.