El Ayuntamiento de Lugo aprobará definitivamente este jueves, en el Pleno municipal, la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras un proceso de participación pública en el que se han incorporado 16 de las 41 alegaciones presentadas por asociaciones y colectivos.

Esta acción supone culminar la implantación de esta medida en cumplimiento de la normativa europea, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de este tipo de zonas antes del 30 de septiembre.

El Gobierno local destaca que el documento llega a su aprobación tras aceptar cerca del 40 % de las propuestas recibidas con el objetivo de elaborar una normativa «más útil, más equilibrada y con mayores garantías», tal y como ha explicado este martes la alcaldesa, Elena Candia, y el concejal delegado de área, Antonio Ameijide.

Entre las principales modificaciones introducidas figura el refuerzo de la seguridad jurídica de la ordenanza. El nuevo texto establece que los aspectos esenciales de la regulación no podrán modificarse mediante un decreto de la Alcaldía, sino que deberán seguir siendo aprobados por el Pleno municipal.

La nueva redacción también reduce la carga administrativa para los ciudadanos. Así, desaparece la obligación de que los residentes del casco histórico y los titulares de establecimientos comerciales tengan que actualizar periódicamente sus datos cada dos años. A partir de ahora únicamente deberán comunicar los cambios que se produzcan.

Además, el Ayuntamiento prevé crear una plataforma digital que permitirá gestionar de forma telemática el registro de datos, las solicitudes de autorización y las comunicaciones de acceso a la ZBE, agilizando los trámites y garantizando su trazabilidad.

Otra de las novedades más relevantes es la ampliación del periodo transitorio a un año antes de la imposición de sanciones. Durante ese tiempo, el Ayuntamiento centrará sus esfuerzos en informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones para facilitar la adaptación tanto de los vecinos como de las personas que accedan al centro de la ciudad.

La ordenanza también flexibiliza las condiciones de acceso para residentes y actividades económicas. En este sentido, se elimina el límite de dos matrículas autorizadas por vivienda, comercio o plaza de aparcamiento, una restricción que, según el Gobierno local, había sido establecida por el anterior ejecutivo municipal «sin una justificación suficiente».

Asimismo, desaparece la autorización que permitía estacionar durante 30 minutos delante de casa sin causa justificada, una medida que, a juicio del Gobierno municipal, podía generar problemas de circulación en el casco histórico.

Con la nueva regulación, los residentes podrán acceder y estacionar frente a sus viviendas cuando exista un motivo justificado y únicamente durante el tiempo imprescindible. El mismo criterio se aplicará a los usuarios de establecimientos hoteleros y a los titulares de negocios situados dentro de la ZBE.

En materia de movilidad, la normativa endurece el control sobre los vehículos de movilidad personal. Los patinetes eléctricos y el resto de estos vehículos quedarán equiparados al resto de medios de transporte en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Circulación y del Reglamento General de Circulación, con el objetivo de reforzar la seguridad vial dentro de la zona restringida.

MÁS ZONAS DE CARGA Y DESCARGA

La distribución urbana de mercancías constituye otro de los apartados que incorpora un mayor número de cambios. La ordenanza contempla la creación de nuevos puntos de carga y descarga, hasta un total de 26, repartidos por diferentes zonas del centro histórico para facilitar las entregas y reducir la concentración de vehículos. También habilita la posibilidad de limitar el número de vehículos que puedan utilizar simultáneamente cada espacio cuando sea necesario para evitar aglomeraciones.

El horario general de estas zonas será de 8.00 a 12.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas, con un tiempo máximo de permanencia de 30 minutos. Además, se mantiene la posibilidad de autorizar el acceso de vehículos de más de 5,5 toneladas cuando existan causas justificadas relacionadas con la naturaleza de la mercancía o la indivisibilidad de la carga.

La nueva regulación incorpora igualmente dos espacios específicos para vehículos de hasta 12 toneladas, ubicados en la Porta de San Fernando y en la calle María Balteira, que podrán utilizarse entre las 8.00 y las 18.00 horas.

Para facilitar el trabajo de proveedores y empresas de distribución, el Ayuntamiento podrá establecer un procedimiento ágil de comunicación y autorización, así como poner en marcha una plataforma digital para gestionar los accesos a la ZBE.

UN PLAN PILOTO DE REPARTO DE MERCANCÍAS CON CARRETILLAS

Como medida innovadora, el Gobierno local impulsará un plan piloto de reparto mediante carretillas eléctricas desde las zonas de carga y descarga hasta los comercios del centro histórico. Este sistema, ya implantado en otras ciudades, pretende reducir el tráfico de vehículos de reparto en las calles más céntricas al permitir que la mercancía sea distribuida desde puntos habilitados.

Entre las alegaciones aceptadas también figura la inclusión de los servicios de seguridad privada en activo entre los colectivos autorizados para acceder a la Zona de Bajas Emisiones, una modificación que amplía las excepciones previstas en la normativa.

Ambos representantes del Gobierno local explicaron que algunas de las alegaciones incorporadas fueron presentadas por ellos cuando estaban en la oposición pero otras proceden de colectivos y asociaciones y que las que se desestimaron fue por «criterios técnicos».

Candia, por su parte, ha recordado que esta nueva ordenanza es producto de «la participación activa y de acuerdos con todos los afectados».

Por su parte, Antonio Ameijide ha explicado que se trata de una ordenanza «heredada», que ha sido «mejorada y actualizada, tras meses paralizada en un cajón».