La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 10, 11 y 12, con continuación el día 17, un juicio contra seis personas por estafa con fraudes bancarios.

En su escrito, Fiscalía sostiene que durante el año 2020 uno de los acusados, que utilizaba distintos domicilios, desde Culleredo, Oleiros o Camariñas, actuó de forma coordinada con los otros procesados –y otras personas que no pudieron ser identificadas, aunque al menos uno que actuaba desde Brasil– con intención de lograr dinero a través del método conocido como ‘SIM swapping’.

Eso tras obtener de víctimas con residencia en diversas partes del territorio nacional los datos necesarios para operar con la banca online. Después elaboraban documentación ficticia, en concreto denuncia de sustracción/extravío del DNI y una copia en color del mismo con los datos de la víctima pero la fotografía de la persona a la que encargaban la gestión o similar por sus características físicas.

Con la misma, haciéndose pasar por el titular verdadero, conseguían en tiendas de telefonía un duplicado de la tarjeta SIM que, tras activarlo, introducían en terminales móviles recibiendo las claves de autenticación que les permitían realizar operaciones bancarias online.

De este modo, señala el Ministerio Público, conseguían el numerario existente en dichas cuentas, en la mayor parte de los casos correspondientes a préstamos bancarios que ellos mismos solicitaban con los datos de los perjudicados.

Luego se ingresaban en las cuentas de las víctimas que, junto con el saldo ya existente en las mismas, se transferían a cuentas de colaboradores que recibían los fondos y les daban el destino según las instrucciones recibidas de las personas que controlaban la trama. Todos los integrantes recibían un porcentaje del dinero así conseguido en proporción a su participación.

Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de integración en organización criminal, otro de falsedad en documento público en concurso con un delito de estafa, además de otro de blanqueo de capitales, con solicitud de penas que van desde el año hasta los cuatro años de cárcel.