El Ayuntamiento de Santiago ha cerrado el ejercicio económico de 2025 con una liquidación presupuestaria con un superávit de 4,6 millones de euros. Este dato lo ha apuntado el concejal de Hacienda, Manuel César Vila, que presentará los resultados de las cuentas en el pleno del mes de julio.
La principal conclusión que extrae el concejal de los informes elaborados por el ente local tiene una «solvencia a corto y medio plazo» en sus cuentas municipales y que los ingresos fueron «suficientes» para la cobertura de todos los gastos presupuestarios.
En resumen, atendiendo a las reglas fiscales, el Ayuntamiento cumple la de la estabilidad fiscal y la relativa al endeudamiento, que está «muy lejos» del máximo legal permitido (75 %) al situarse en un 30,01 %. La única incumplida es la relacionada con el techo de gasto, lo que, según ha asegurado, es imputable a «un error» en la comunicación de datos del ejercicio de 2023, que fue trasladado al Ministerio de Hacienda.
En todo caso, los datos actuales indican que el gasto del ejercicio 2025 no puede superar en más de 3,2 % el gasto computable de 2024. «El cálculo sobre el expediente de 2024 indica el cumplimiento (3,14 %), pero, por el dicho error, alcanzaría el 3,40 y por lo tanto se supera en dos décimas», ha explicado el ente local.
El presupuesto aprobado en 2025 fue de más de 146 millones, que, como resultado de incorporar los créditos de los ejercicios anteriores, ascendió a más de 214 millones. «Como resultado de la ejecución presupuestaria, se autorizaron gastos por más de 177 millones y el reconocimiento de obligaciones llegó a algo más de 140 millones», ha apuntado el edil. De estos cerca de 140 millones, se pagaron cerca de 130.
Además del superávit de casi 4,6 millones de euros, la ejecución de ingresos es «similar» a la del año anterior (del 64 %) y, en gastos, la ejecución es mayor en más de cuatros puntos porcentuales, llegando al 65,45 % en 2025. De esta forma, el esfuerzo impositivo superó los 668 euros por habitantes, uno que, según ha recogido Manuel César, está por debajo de la media estatal.
‘CORRESPONDENCIA ECOLÓXICA’
Por otra parte, el Ayuntamiento cambiará el envío de los recibos en papel por la comunicación electrónica, lo que se traducirá en que las personas susceptibles de participar en esta campaña y otras interesadas en ello recibirán en su bandeja de correo el PDF con el recibo o recibos al inicio del respectivo periodo voluntario de cobro.
Esta campaña, bajo el nombre de ‘Correspondencio Ecolóxica’, sucede en el marco de la próxima recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre actividades económicas (IAE). En concreto, existen dados de alta 4.786 personas que podrían ser susceptibles de participar en esta campaña, ya que estas ya tienen que comunicarse electrónicamente con el Ayuntamiento.
En este sentido, se están llevando a cabo dos campañas informativas: una para comunicar a estas personas que ya están incluidas en el sistema de correspondencia y otra para invitar a las que no lo están pero que tienen un correo electrónico en el sistema. En este último caso, el Ayuntamiento cifra en 17.000 las personas aludidas.
Para incorporarse al sistema, existen tres vías: darse de alta las personas interesadas en la sede electrónica del Ayuntamiento; enviar un correo electrónico a la Oficina de Atención al Contribuyente, o hacerlo de manera presencial en las oficinas de Atención al Contribuyente. Por otra parte, la medida incorporará ya a los grandes contribuyentes, que en el Ayuntamiento ascienden a 108 altas.
La campaña está orientada a reducir el uso del papel en las comunicaciones municipales y a minimizar el impacto medioambiental del envío postal. Además de estos, los beneficios son más amplios: evitar desplazamientos innecesarios y posibles esperas e incomodidades, entre ellos.
CAMBIOS EN LAS BONIFICACIONES DEL IBI
Del mismo modo, el Ayuntamiento también está comunicando estos días los cambios producidos en las bonificaciones del IBI por carencias de servicios.
Como señala la ordenanza reguladora del impuesto, las bonificaciones van desde el 30 % (carencia de un servicio: agua, saneamiento y alumbrado público), pasando por 60 % (carencia de dos servicios) y llegando hasta el 90 % (carencia de los tres servicios).

