El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes el dictamen de la comisión especial de estudio sobre políticas de discapacidad, un documento que «busca reparar una deuda histórica» y que llega tras «más de una década pendiente».
Así lo ha dicho la diputada popular Carmen Pomar, que ha añadido que este documento «funciona como un acto de responsabilidad democrática, institucional y social», ya que «Galicia llevaba 13 años con una comisión de discapacidad sin concluir».
«Es un texto que da respuesta a las entidades sociales y que sitúa en el centro del debate público y político los derechos de las personas con discapacidad», ha dicho Pomar, que ha agradecido su labor y aportaciones a entidades, asociaciones, organizaciones y familias, así como a los grupos de la oposición.
La diputada popular ha puesto en valor las siete áreas en las que está organizado el documento: atención integral, educación inclusiva, accesibilidad -incluyendo, movilidad y vivienda-, empleo, sanidad, igualdad y violencia de género y, por último, cultura, deporte y juventud. Según ha explicado Pomar, cada una de ellas incluye «medidas concretas, realistas y alineadas» con las demandas del Comité de representantes de personas con discapacidad (CERMI).
RECLAMACIONES DE LA OPOSICIÓN
En su turno de intervención, la diputada socialista Silvia Longueira ha acusado a la Xunta de gestionar la atención a las personas con discapacidad «a golpe de emergencia social», y ha criticado «la prisa» del PP por cerrar «en un solo mes» un trabajo que llevaba doce años abierto.
El PSdeG presentó 56 alegaciones al dictamen, de las que fueron aceptadas 27. Sobre las restantes, Longueira ha lamentado especialmente que el área de empleo «no fuera tenida en cuenta»
En relación a la gestión de esta área, la diputada socialista ha hablando de la sostenibilidad económica del concierto social, argumentando que «no puede ser que el tercer sector tenga que pagar y financiar lo que tiene que hacer la Administración», y del arraigo, dado que «la insuficiencia de plazas públicas y concertadas genera situaciones caóticas» con servicios no adecuados o atención lejos de su entorno vital.
Finalmente, ha mencionado la continuidad de los servicios en un entorno profesional, que «tiene que estar garantizada y no lo está», y los baremos «opacos» existentes.
La diputada ha alertado del aumento de casos de salud mental que trascienden la discapacidad, el llamado ‘trastorno dual’. Según indicó, en Galicia existen apenas entre 110 y 115 plazas específicas para estos perfiles, por lo que la Xunta está «derivando por emergencia social a personas con graves problemas de conducta a centros que no están especializados ni equipados para atenderlas, poniendo en riesgo el personal y el resto de personas usuarias».
A mayores, Longueira se ha referido al plan estratégico de discapacidad que elabora la Xunta «a paso lento» y ha reclamado avanzar en accesibilidad cognitiva para este colectivo, para concluir en que todo este proceso debería desembocar en una Ley Integral sobre Discapacidad en la Comunidad.
Por su parte, la diputada nacionalista Olaia Rodil ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar e incrementar los equipos de valoración para agilizar el acceso a la certificación de dependencia. Más en concreto, ha reclamado que se dupliquen estos equipos, «especialmente en las áreas que tienen demoras impresentables».
Tras recordar que el debate gira alrededor del «derecho a poder vivir plenamente», ha exigido «recursos para que esos derechos no se vean mermados». «Necesitamos con urgencia ampliar ola red pública de servicios de atención especializada a personas con discapacidad», ha zanjado.
