El Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión y el pago de indemnizaciones que suman 105.753 euros para el administrador de un concesionario de coches acusado de estafar a cinco clientes en Santiago de Compostela.

Los hechos ocurrieron entre marzo de 2013 y abril de 2014, un periodo en el que el acusado, O.F.N., engañó a varios de sus clientes con el objetivo de «obtener beneficio ilícito» de los mismos, explica el Ministerio Fiscal en el documento de acusación.

En concreto, el administrador del concesionario vendía vehículos de la marca Hyundai a particulares, a sabiendas de que sobre esos coches «pesaba una carga financiera en concepto de leasing», es decir, un arrendamiento financiero que le impedía transferir la titularidad al nuevo propietario.

O.F.N. mentía a los nuevos titulares y les decía que el retraso en la transferencia de los documentos se debía a «problemas con la gestoría» y, en algunos casos, les entregaba una «autorización provisional» por un plazo de 30 días.

Lo cierto es que, según el Fiscal, el dinero que el acusado recibía no lo utilizaba para eliminar el leasing de los coches, sino que se «apoderaba de esas cantidades con ánimo de lucro».

Esto sucedió hasta en cinco ocasiones con personas diferentes, a las que estafó entre 10.500 y casi 31.000 euros en el periodo de un año, operando siempre de la misma manera e implicando también a bancos a los que los clientes solicitaron un préstamo.

Por todo lo anterior, la Fiscalía acusa al administrador del concesionario de un delito continuado de estafa, así como un delito continuado de apropiación indebida.

Así, los días 9 y 10 de enero pedirá ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago de Compostela, un pena de cárcel de 4 años así como la indemnización de 13.000, 20.730, 26.023, 19.000 y 27.000 euros para cada uno de los afectados en función de perjuicio causado.

En total, la suma que pide la Fiscalía asciende a 105.753 euros y de su pago serán responsables tanto el acusado como la concesionaria que administraba, que se ejercerá «solidariamente responsable».