Galicia y otras siete comunidades litorales –Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares y Canarias– han acordado dirigirse en una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con una demanda: la paralización cautelar de la reforma del reglamento general de Costas hasta que se reúna la Conferencia Sectorial.

Según ha trasladado la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, durante su participación en Barcelona en una reunión de comunidades costeras, el objetivo es «abrir un proceso de diálogo transparente y leal sobre la reforma que puso en marcha de manera unilateral el Gobierno central».

En ese sentido, según traslada la Xunta, las comunidades indican que «no existe ninguna obligación inmediata que legitime esta reforma acelerada» y que, «además de ser contraria a derecho e invadir competencias autonómicas», supondría «una grave vulneración de los derechos adquiridos por miles de titulares de concesiones en el litoral que obraron confiando en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima».

Ahora, agrega la Xunta, «de manera arbitraria ven amenazados esos derechos» con una reforma de este reglamento que, agrega, «pretende limitar las concesiones ya otorgadas (hasta el punto de revocarlas), restringir la posibilidad de dar nuevas concesiones y cambiar tanto las reglas como el propio tablero de juego con la partida ya iniciada».

Enfrente, la Xunta reivindica la gestión «rigurosa» las comunidades y ha ejemplificado con el caso de Galicia. Sostiene que, desde que «gestiona plenamente» su costa, se ha impulsado la creación de un registro público de concesiones –«que el Ministerio nunca habilitó–.

También ha subrayado que se «simplificó y digitalizó» la tramitación administrativa –pasando de numerosos documentos en papel a una única solicitud por vía electrónica– y se unificaron criterios para «dar seguridad jurídica a los administrados, que antes se enfrentaban a distintos requisitos en función de su provincia».

MODELO DE COGOBERNANZA «REAL»

De este modo, la Xunta insiste en la importancia de desarrollar un modelo de cogobernanza «real» en el que las comunidades participen activamente en la definición de los criterios técnicos de los deslindes, en la planificación de la adaptación climática y en la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

Además, subraya que es «fundamental» que la nueva normativa incorpore «la triple perspectiva ambiental, social y económica, tal y como hace precisamente la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia».

En esa línea, la directora xeral puso la ley gallega como ejemplo de «transparencia, participación y cooperación entre administraciones», y la identificado como «modelo de lo que debería ser la regulación estatal de esta materia».