Galicia, Asturias y Castilla y León han sellado este miércoles la Declaración de Compostela, una alianza suscrita con las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades para reclamar a la Unión Europea (UE) una resolución definitiva del procedimiento abierto sobre las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 que obligue al Gobierno del Estado a ponerles fin.

La Declaración de Compostela subraya la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste. Además, destaca que su régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas.

El texto da muestra de una posición común del noroeste en defensa de los intereses económicos, sociales y territoriales compartidos y ha sido rubricado este jueves en la capital gallega por la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez.

Por la parte empresarial, han intervenido el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; así como el consejero de MundiNova y presidente de En Colectivo, Diego Maraña.

El acuerdo se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea (CE) concluyese en su dictamen motivado que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 formalizadas en el año 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones. La apertura del correspondiente procedimiento de infracción contra el Reino de España comenzó hace casi cinco años, a raíz de una denuncia presentada por En Colectivo.

En este contexto, el consejero asturiano de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha explicado que se necesita que el trabajo de este dictamen de la Unión Europea siga avanzando, para lo que las tres comunidades se dirigirán al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE), Stéphane Séjourné, con el objetivo de el asunto vaya al colegio de comisarios y se convierta en no solo un dictamen, sino en «una amenaza importante de incumplimiento y sanciones al Gobierno de España, que obligue a su cumplimento». «Es decir, redoblar la presión para que el Gobierno actúe», ha señalado.

En el acto, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha explicado este mismo viernes las tres comunidades remitirán una carta al vicepresidente ejecutivo de la CE con la solicitud de reunión.

Además, la conselleira, que ha explicado que los recursos judiciales presentados por cada comunidad siguen distintos cauces, ha recordado que la Xunta se enteró hace casi un año del dictamen por los medios y que a día de hoy desconoce el contenido de la respuesta emitida por el Gobierno, un hecho ante el que acudió a los tribunales.

«Queremos transparencia y toda la información», ha dicho para asegurar que esto es «más necesario que nunca» en un momento en el que, según ha sostenido, «se amenaza con una transferencia» de la AP-9 «impuesta» desde Madrid y que no respeta «el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego». La conselleira ha incidido en que el Gobierno debe rescatar la AP-9 y traspasar su titularidad a Galicia, pero que esta debe ser «una transferencia financiada».

Por su parte, la secretaria general de Movilidad de Castilla y León, Natalia Flórez, ha puesto en valor la posición común de las tres comunidades tanto a nivel institucional como empresarial para defender en Europa el fin de las prórrogas concesionales, cuyos peajes «perjudican la movilidad, la cohesión y la competitividad». «Pedimos que la Comisión Europea lleve el procedimiento hasta las últimas consecuencias y reclamamos al Gobierno transparencia en un asunto que afecta a Castilla y león», ha afirmado.

La Declaración de Compostela formaliza, además, una alianza estable entre las administraciones públicas y el tejido productivo de Asturias, Galicia y Castilla y León para mantener una interlocución permanente con las instituciones europeas y subrayar, de forma coordinada, la importancia económica, social y territorial de esta cuestión para todo el noroeste.

El texto concluye con un llamamiento a que la resolución de este asunto contribuya a reforzar la confianza de la ciudadanía, las empresas y las instituciones en el Estado de derecho europeo y en los principios de transparencia, competencia, igualdad de trato y seguridad jurídica que sustentan el mercado único.

EN COLECTIVO AVISA DE LA DILATACIÓN DE LOS PLAZOS

Por su parte, en el acto en el que las patronales empresariales de las tres comunidades han incidido en los perjuicios económicos que la existencia de estos peajes provocan en los territorios, el presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha explicado que si el Gobierno no acata el dictamen de forma voluntaria, la Comisión Europea debe iniciar el procedimiento de ejecución del dictamen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un hecho que, según ha advertido, «alargará los plazos».

Por ello, ha dicho que esta Alianza del Noroeste aspira a «no dilatar más el cumplimiento de la legalidad» y que el Gobierno del Estado ejecute el dictamen de julio de 2025 y sobre el que, conforme ha sostenido, aún no se sabe lo que va a hacer el Ejecutivo estatal.

LA XUNTA SE COMPROMETE A SEGUIR DEFENDIENDO LO MISMO SI GOBIERNA FEIJÓO

En el acto y preguntada sobre si la Xunta tiene el compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para traspasar la AP-9 si hay cambio de Gobierno, ha incidido en que el Ejecutivo gallego exige el rescate y la transferencia pero no la «trampa» que, en su opinión, impulsa el PSOE y sus socios.

Allegue ha criticado la negativa del Gobierno a proceder al rescate cuando, según los trabajos encargados por la Xunta, su coste es igual al de las bonificaciones que aplica el Ejecutivo estatal hasta el final del periodo concesional en el año 48. Un dinero que, conforme ha advertido, se incrementa cada año por el «gran lucro cesante». Por ello, ha insistido en que la Xunta exige el rescate y la transferencia financiada como aprobó el Parlamento de Galicia.

«Los intereses que estamos defendiendo como Xunta serán defendidos de igual modo ante el Gobierno central, gobierne quien gobierne», ha incidido.