El Gobierno está trabajando en un nuevo reglamento, que publicará «de manera inminente» en audiencia pública, para actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME) y «proteger mejor a las familias».

Así lo ha avanzado este miércoles la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, al ser preguntada por la diputada de EAJ-PNV Idoia Sagastizabal sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar el «correcto funcionamiento» de la prestación CUME.

Saiz ha detallado que el nuevo reglamento responde a tres grandes objetivos: «Ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual; reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales; y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad».

La ministra ha reconocido que la realidad ha demostrado que «las leyes no deben promulgarse, sino que deben protegerse de interpretaciones restrictivas que desvirtúen su espíritu humano».

Por ello, ha afirmado que el Gobierno «Puedo afirmar con claridad que este Gobierno está desplegando una estrategia sin precedentes para blindar, para ampliar y para humanizar el funcionamiento de esta prestación».

El texto del nuevo reglamento, según ha asegurado, «es el resultado de un proceso de escucha, de diálogo con la representación de los colectivos de padres y madres afectadas». «Esta nueva normativa en la que estamos trabajando responde a una necesidad real y profundamente humana, proteger mejor a las familias que atraviesan una de las situaciones más duras que se pueden vivir en un hogar», ha apuntado.

En este punto, Saiz ha señalado que, «con el paso de los años, la realidad sanitaria y familiar, así como la propia experiencia de gestión de esta prestación, ha cambiado». «Y cuando la realidad cambia, las normas también tienen que cambiar para seguir siendo útiles, eficaces y justas, eso es exactamente lo que hacemos con la nueva norma», ha aseverado.

Con este nuevo texto, el Gobierno busca «actualizar la regulación, resolver problemas interpretativos, dar más seguridad jurídica y adaptar la protección social a las necesidades reales de las familias».

DEROGAR LA ANTERIOR NORMA Y APROBAR UN NUEVO REGLAMENTO COMPLETO

La primera novedad de esta norma es que el Ejecutivo aprobará un nuevo marco reglamentario completo, por lo que derogará «íntegramente» el anterior real decreto y aprobará «una nueva regulación sistemática y coherente que integre y garantice la seguridad de las familias».

La segunda novedad es la actualización del concepto de situación protegida. Así, Saiz ha explicado que «la medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también lo hacen».

Precisamente, ha detallado que «muchas situaciones de enorme complejidad ya no pasan necesariamente por un ingreso hospitalario clásico y prolongado, existen hospitalizaciones domiciliarias, tratamientos ambulatorios complejos, cuidados especializados en el domicilio y procesos de recaída que también exigen igualmente una dedicación intensa, constante y permanente por parte de las familias».

Por eso, la nueva norma reconocerá expresamente como situaciones asimiladas al ingreso hospitalario de larga duración la hospitalización domiciliaria, los tratamientos ambulatorios continuados con vigilancia clínica, los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas y también las recaídas en enfermedades graves previamente reconocidas.

«Con ello adaptamos la norma a la práctica médica habitual, actual, y evitamos que las familias queden excluidas de la protección por el simple hecho de que el modelo asistencial haya cambiado», ha comentado la ministra.

La tercera mejora tiene que ver con la realidad de las familias, ya que la norma «clarifica» el régimen aplicable en casos de nulidad, de separación, de divorcio de la pareja de hecho, que eran algunos de los supuestos «que más dudas, más conflictos interpretativos y más inseguridad generaban».

«Regulamos mejor la convivencia exclusiva, la convivencia compartida, la alternancia a la percepción del subsidio para que la protección llegue de manera más clara y más justa allí donde debe llegar. Con esta regulación damos respuesta a situaciones familiares complejas que no siempre tenían con la norma anterior una respuesta suficientemente precisa», ha aclarado Saiz.

La cuarta novedad relevante es la revisión del régimen de duración y prórroga del subsidio. En este contexto, el nuevo reglamento configura un sistema «más flexible y más ajustado» a la realidad clínica de las enfermedades.

«Se amplían plazos, se mejora el esquema de prórrogas para compasar mejor el reconocimiento de la prestación al curso real de las patologías y a las necesidades de cuidado que éstas generan. No está solo de reconocer un derecho, sino de hacerlo útil en la práctica y compatible con la evolución de los procesos clínicos», ha dicho la portavoz del Gobierno.

MEJORAS EN LA ACREDITACIÓN MÉDICA Y EN LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN

Junto a estas novedades, el nuevo texto incorpora mejoras en la acreditación médica y en los mecanismos de supervisión. Integra en la propia norma el modelo oficial de declaración médica que hasta ahora se regulaba separadamente y refuerza su contenido para que quede mejor reflejada la necesidad de cuidado directo continuo y permanente.

Además, prevé la incorporación bianual de un informe de la inspección médica para las prórrogas, con el fin de «reforzar la objetividad de la homogeneidad y la transparencia en la gestión». «No estamos solo ampliando cobertura, estamos mejorando la calidad institucional de la prestación», ha asegurado Saiz.

Asimismo, otorga «mayor seguridad, previsibilidad», para los autónomos, de manera que también las personas que trabajan por cuenta propia puedan ejercer este derecho «en condiciones más claras»; y actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías como el trastorno del espectro autista.

En este sentido, la nueva norma habilita una vía reglamentaria para que ese listado «pueda seguir actualizándose conforme avance el conocimiento científico». «Una prestación de estas características no puede quedarse congelada en el tiempo mientras la medicina y la sociedad avanzan», ha indicado Saiz.

Por su parte, la diputada de EAJ-PNV ha reconocido que, aunque el espíritu de la norma que actualmente se encuentra en vigor era «incuestionable», su objetivo «hoy está lejos de cumplirse, porque entre la finalidad de la norma y su aplicación real se ha abierto una grieta profunda».

«Una grieta que atraviesa la vida de cientos de familias que cuidan a un hijo o hija gravemente enfermo o enferma, y porque, pese a tener una prestación diseñada para protegerles, se encuentran con un número de trabas, de interpretaciones arbitrarias y de silencios administrativos», ha advertido la diputada.