La Xunta de Galicia ha asumido la coordinación de las actuaciones sobre los suelos afectados por el vertido de gasóleo en la parroquia de Pereiras, en Mos (Pontevedra), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Todo ello después de que el accidente de un camión que transportaba petróleo en la AP-9, a su paso por Mos, provocase que la carga quedase vertida en la zona, iniciándose trabajos para la recuperación ambiental del suelo afectado.
Tras las reuniones técnicas mantenidas entre las distintas administraciones y organismos implicados, la gestión de las actuaciones relacionadas con los terrenos afectados pasa a estar coordinada por la Xunta.
Así, el Gobierno gallego movilizará a un gestor autorizado de residuos para proceder a la retirada de la estela absorbente instalada en la zona situada bajo el viaducto donde se produjo el accidente, material empleado durante las labores de contención del vertido.
Además, una empresa autorizada está desarrollando estudios sobre los terrenos afectados para determinar el alcance de la afección al suelo. Estos estudios permitirán definir las actuaciones necesarias para la recuperación ambiental de la zona.
«La Xunta asumirá la ejecución de estas actuaciones de emergencia y la restauración ambiental, sin perjuicio de las posteriores reclamaciones que correspondan a la compañía aseguradora responsable del vehículo implicado en el accidente», apunta el gobierno local, que asegura que continúa colaborando de forma «permanente».
Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil continúa realizando el seguimiento y el control del regato de A Salgueira y de las aguas superficiales.
«Hasta que lleguen los resultados de las muestras, se mantienen las medidas preventivas comunicadas en los últimos días. En particular, continúa vigente la recomendación de no consumir agua procedente de pozos particulares próximos al regato de A Salgueira, en Pereiras, ni emplear agua de regadíos en la zona», ha añadido el Ayuntamiento, indicando que los controles continuarán en los próximos días para descartar cualquier afectación a aguas subterránes y garantizar la seguridad de las personas.
