El Gobierno tiene un plazo de un año para decidir sobre la petición de indulto al maquinista del tren Alvia, Francisco Garzón, que fue condenado a dos años y medio de prisión por el descarrilamiento que provocó 80 muertes y más de un centenar de heridos en el barrio de Angrois (Santiago) en 2013.

La jueza titular del Juzgado número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, ha enviado el expediente al Ministerio de Justicia, quien deberá elevar propuesta al Consejo de Ministros para que resuelva.

En concreto, fuentes del ministerio consultadas por Europa Press confirman que ya se han recabado los informes preceptivos y «ahora se deben analizar» antes de tomar una decisión que llevar al Consejo de Ministros.

La jueza, que además de al maquinista condenó también al ex director de seguridad de la empresa pública Adif –ahora exonerado por la Audiencia Provincial de A Coruña–, informó favorablemente de la petición de indulto.

Entiende la magistrada que «concurren razones de justicia y de equidad» para concederle la gracia solicitada dado que «la conducta delictiva se cometió por una imprudencia profesional, grave pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo» en el que «perdió la atención» durante una conversación telefónica con el interventor.

Además, hace referencia al «profundo pesar» del penado por el dolor generado a las víctimas y a sus familias, «patente desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio»; y recuerda que fueron públicas y privadas sus peticiones de perdón.

Por otra parte, la jueza recalca que, «como alegan algunas de las víctimas a la solicitud de indulto –mayoritariamente se han pronunciado a favor–, la condena moral del maquinista será de por vida, cumpla o no la pena de prisión».

Por su parte, el fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se mostró también a favor, pero en este caso de un indulto parcial al maquinista del Alvia, igualmente por «relevantes razones de justicia y equidad».