La polémica en torno a un after de la calle Tui y los problemas de convivencia derivados del ocio nocturno han vuelto a centrar este miércoles el debate político en el Ayuntamiento de Lugo, después de que tanto el BNG como el PSdeG hayan acusado al gobierno local y a la alcaldesa, Elena Candia, de no ofrecer «soluciones reales» para cerrar el pub, «cuando se había comprometido a hacerlo».

El concejal del BNG, Rubén Arroxo, ha indicado que la alcaldesa aseguró en septiembre de 2025 que existía «una base legal sólida» para cerrar de manera inmediata el local ‘Las Palmeras’, y ha insistido en que, tras un mes al frente del gobierno municipal, el establecimiento continúa abierto y siguen produciéndose incidentes en sus inmediaciones.

El portavoz nacionalista ha reivindicado la actuación desarrollada por el anterior gobierno municipal, recordando que en 2023 el local fue clausurado durante un año tras un proceso de inspecciones continuadas que permitió detectar distintas deficiencias en las instalaciones. Según ha explicado, aquellas irregularidades fueron posteriormente corregidas por la propiedad, por lo que actualmente ya no servirían como base legal para un nuevo cierre.

Las críticas al ejecutivo local en este mismo tema han llegado también desde el Grupo Municipal Socialista. Su portavoz, Miguel Fernández, ha acusado a Elena Candia de «mentir deliberadamente» a los vecinos al prometer desde la oposición que el cierre del after podía ejecutarse «en apenas 24 horas».

Fernández ha asegurado que el paso del tiempo ha demostrado que aquellas afirmaciones «no tenían encaje legal» y respondieron, a su juicio, a una estrategia política basada en la «desinformación y la crispación social».

El portavoz socialista ha reivindicado la actuación del anterior gobierno local, asegurando que fue el ejecutivo que él encabezaba quien impulsó los expedientes sancionadores contra el establecimiento y ha insistido en que los procedimientos seguidos por el Ayuntamiento respondieron a los informes técnicos y al trabajo de la Policía Local, advirtiendo que cuestionar ahora esas actuaciones supone «desprestigiar la labor profesional e independiente de los empleados públicos».

Para el portavoz socialista, la actuación de la actual alcaldesa durante los últimos meses se ha caracterizado por la «falta de rigor» y por la difusión de «bulos» sobre el funcionamiento de la Administración.

NUEVA ORDENANZA

Así, Arroxo ha reclamado al ejecutivo municipal que inicie de manera inmediata la tramitación de la nueva ordenanza de contaminación acústica elaborada durante el anterior mandato desde el área de Infraestructuras. Según ha explicado, el documento ya está terminado y solo necesita ser llevado al pleno para comenzar su tramitación administrativa.

En este contexto, Arroxo ha defendido que la nueva ordenanza acústica permitiría dotar a la Policía Local de más herramientas para actuar ante comportamientos «incívicos» vinculados al ruido y a las molestias nocturnas. El texto incluye un nuevo régimen sancionador para conductas que alteren la convivencia vecinal, como los gritos en la vía pública o situaciones que impidan el descanso de los vecinos.

Arroxo también ha dejado caer la posibilidad de que existan «conflictos de intereses» detrás de la paralización de la ordenanza, al recordar que uno de los locales de hostelería que generó numerosas quejas en el barrio de Recatelo pertenece, según ha afirmado, a un miembro del actual gobierno municipal.

«Esperamos que el miembro del gobierno que es dueño de un local de hostelería no esté parando la tramitación de esta nueva ordenanza», ha advertido, recordando también que este concejal tiene presentado un recurso contra el Ayuntamiento por un decreto para reducir los horarios de las discotecas en las zonas urbanas.

Por su parte, Elena Candia ha insinuado que el procedimiento contra este local está en marcha y no ha querido dar detalles «para que este no se vea alterado», pero ha apuntado que su crítica se centraba en haber reunido todas las quejas en un único expediente sancionador.

«Nuestra hoja de ruta es la misma, la seguridad es una prioridad y seguimos trabajando con la misma objetividad que cuando estábamos en la oposición», ha añadido, afirmando la intención de «ser coherente» con lo dicho cuando no estaban en el gobierno.

También se ha referido a la ordenanza de contaminación acústica, asegurando que «hay cosas con las que están de acuerdo, pero con otras no». Igualmente, ha reprochado al BNG que en 28 días le reclamen la aprobación de una ordenanza «cuando ellos no fueron capaces de aprobarla en seis años».