La defensa del hombre que en agosto de 2025 fue detenido y enviado a prisión provisional por supuestamente provocar el gran incendio forestal de Oímbra (Ourense), que calcinó más de 23.000 hectáreas, ha solicitado el archivo de la causa al señalar que había otro tractor desbrozando en la zona el día de los hechos.

En concreto, el abogado, Eduardo Villar, consultado por Europa Press, ha reiterado la ausencia de «responsabilidad penal», apuntando a que «no está acreditado» que el autor de los hechos fuese su representado, ante la existencia de un tractor municipal que también se encontraba desbrozando por la zona el día de los hechos, el 12 de agosto de 2025.

En este sentido, el letrado ha afirmado que la alcaldesa del municipio, Ana Villarino, declaró en Instrucción que dicho tractor municipal «había acabado a las 12.00 horas de la mañana», pero ha destacado que «no está probado hasta que hora estuvo trabajando».

ARGUMENTOS

«Lo que sabemos es que ese día estuvo trabajando, eso está reconocido. Lo que no está probado es hasta qué hora estuvo trabajando. No hay orden de trabajo concreto, entonces no puede decir a qué hora empezó ni a qué hora acabó», ha añadido.

Asimismo, Eduardo Villar ha señalado que «está claro que ese día se podía trabajar», al recalcar que «no había ninguna prohibición» al respecto, y además «había una comunicación de los lugares de trabajo, incluido este».

INCENDIO

En concreto, el incendio de Oímbra –que también afectó a los municipios de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar– fue el segundo más grande de la historia de Galicia al afectar a una superficie de 23.736,65 hectáreas, según las últimas estimaciones disponibles el día de su extinción, el 31 de agosto.

En este sentido, la Guardia Civil detuvo a un hombre, vecino de A Gudiña (Ourense), como presunto responsable del fuego, para el que la jueza de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín decretó prisión provisional, como investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, así como de lesiones graves y daños, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras durante las labores de extinción.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la juez decretó su puesta en libertad –a petición de Fiscalía– por entender que el riesgo de reiteración del delito y de destrucción de pruebas había «perdido intensidad», por lo que «ya no estaba justificada la medida».