Ecologistas en Acción ha alertado de la existencia de «manipulación política» en la evaluación del estado del lobo ibérico y ha presentado alegaciones al informe sexenal en las que denuncia posibles intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe «graves deficiencias» científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las «matanzas» de esta especie.

Según ha advertido, dichas comunidades autónomas pretenden «subordinar» un informe científico a «intereses políticos» con la alteración y desnaturalización de la información científica disponible.

La organización ecologista ha señalado que los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica «suficiente» y buscan construir «artificialmente» un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo.

Al respecto, ha precisado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apunta que muchos de los datos autonómicos contienen «incoherencias, errores y problemas metodológicos» que no permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Para la entidad estos hechos son «especialmente graves» a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el Estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella, según ha informado a Europa Press en un comunicado Ecologistas en Acción.

La organización sostiene que, de igual forma, las administraciones mencionadas «invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos» realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESPRE, lo que –dice– supone «la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación».

CANTABRIA

En relación a Cantabria, Ecologistas ha indicado que el Gobierno regional (PP) «viene sosteniendo que el lobo en Cantabria se encuentra en un estado de conservación favorable, justificando con ello la matanza de 41 lobos».

«Pues bien, ni siquiera ha respetado sus propios límites», ha denunciado la organización, que ha señalado que en la comunidad se ha superado esta cifra ya que son 42 lo que han muerto por diferentes causas.

También, ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Rural «no ha informado de entre 11 y 17 cachorros».

En este sentido, ha indicado que la organización Fondo Lobo ha tenido acceso a las necropsias de varias hembras abatidas por el Gobierno de Cantabria en 2025 y, tras revisar 14 informes, ha constatado que tres de las lobas habían parido recientemente o todavía estaban gestando a sus crías.

«Es un despropósito incluir los cachorros de lobo para calcular el número total de ejemplares, pero olvidarse o esconder los datos de los cachorros muertos para lo contabilidad de la mortandad. La muerte de estos cachorros, sumado a los lobos ya abatidos o muertos por otras causas, superaría ampliamente» el cupo fijado por el propio Gobierno regional, establecido en 41 ejemplares», ha censurado Ecologistas.

La organización ha subrayado que «la ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas».

«Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats», ha afirmado el coordinador del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber.

ALEGACIONES

Entre las alegaciones presentadas se encuentra la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que «ha caído en saco roto».

Ecologistas en Acción ha recordado que los incendios forestales de gran intensidad, además de provocar mortalidad directa de individuos, suponen pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, lo que compromete la viabilidad de las poblaciones y reduce aún más su número y el intercambio genético.

RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE, «INEXISTENTE»

Según ha concretado, la situación del lobo en España «dista mucho de poder considerarse favorable» y cuestiones como la desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie «sigue siendo inexistente».

La organización ecologista también ha cuestionado la «presión política y legislativa» por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con «intereses concretos», ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo y ha recordado que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del Lesrpe han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha subrayado que numerosos estudios científicos internacionales alertan de que las políticas de control letal, como los autorizados por Cantabria, Asturias y La Rioja, pueden generar efectos negativos sobre la estructura social y la viabilidad genética de las poblaciones de grandes carnívoros. «La recuperación del lobo no puede evaluarse únicamente contando manadas. La normativa europea exige analizar también la conectividad genética, la viabilidad a largo plazo, la expansión territorial y las amenazas futuras», ha apostillado.

En este contexto, ha señalado que la elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por este motivo, dichos informes no pueden «quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible».

Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de dicho órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada. Por ello, Ecologistas en Acción ha denunciado el intento de convertir la Conferencia Sectorial en «un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie».

Finalmente, ha exigido que el informe sexenal mantenga la consideración del «estado de conservación desfavorable» para el lobo ibérico y ha reclamado que cualquier evaluación se base «exclusivamente» en información científica «sólida, transparente y coherente» con el principio de precaución y «alejada de intereses políticos y de sectores económicos».