Las acusaciones particulares del llamado caso Saltamontes de Vigo, que representan a los padres y la novia del chico fallecido en la atracción, han presentado sus escritos de acusación y solicitan penas que suman 4 años y medio de prisión para los imputados en esta causa, la concejal de Seguridad del Ayuntamiento olívico, Patricia Rodríguez, y el dueño de la atracción, G.M.M.D.S.

Según ha podido saber Europa Press, el representante de la novia de la víctima ha solicitado la condena de ambos como autores de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave.

En su escrito, señala que esta atracción comenzó a funcionar desde el inicio de las fiestas de Matamá en el verano de 2025, pese a no tener autorización municipal. De hecho, señala que hay un informe de los técnicos que desautorizan la instalación, validado por la concejal de Seguridad, y acordando expresamente no permitir que se instalase el Saltamontes, aunque «las fiestas ya habían comenzado y la atracción ya estaba funcionando». «Resultaba exigible una actuación material, eficaz e inmediata para impedir la continuidad de una fuente de riesgo no permitido», señala.

Pese a esa falta de autorización, de la que estaba al tanto, el dueño del Saltamontes, mantuvo la atracción en funcionamiento, expone esta parte, que también insiste en que la concejal Patricia Rodríguez no adoptó ninguna medida para la suspensión de actividad o precinto de la instalación.

De este modo, en la madrugada del 3 de agosto de 2024, uno de los brazos del Saltamontes se soltó, causando lesiones a Iván C.H., que estaba montado en una de las cabinas junto a su novia, y acabó falleciendo por la gravedad de las heridas.

Por estos hechos, pide que cada uno de los procesados sea condenado a 4 años y medio de prisión, por un homicidio imprudente y por un delito de lesiones por imprudencia, así como 6 años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con competencias de seguridad, inspección, control o gestión de espectáculos publicos. También reclama que se indemnice a la pareja de la víctima en 155.270 euros.

En la misma línea, el representante de los padres de Iván, también expone en su escrito de acusación que la atracción Saltamontes se puso en funcionamiento pese a carecer de autorización municipal y que la concejal de Seguridad, aún conociendo esa falta de permiso, «omitió acordar o promover de forma eficaz su ceses, suspensión o precinto, con lo que permitió la persistencia de una fuente de riesgo no permitido para la integridad de los usuarios».

Por todo ello, acusa a los dos imputados de homicidio por imprudencia grave y delito menos grave de lesiones por imprudencia, y pide que cada uno de ellos sea condenado a penas que suman 4 años y medio de prisión. También reclama la inhabilitación de la concejal durante 6 años y del dueño del Saltamontes durante 5 años.

Con respecto a la responsabilidad civil, pide que los padres de Iván sean resarcidos en 150.000 euros cada uno por el «sufrimiento excepcional», «el carácter súbito, traumático y violento del fallecimiento y la extraordinaria intensidad del padecimiento clínico y emocional sufrido por ambos progenitores».

Mientras, por parte de la Fiscalía, todavía no ha presentado escrito de acusación, a la espera de que se resuelvan los recursos de reforma presentados por las partes ante el auto de imputación.