El Parlamento gallego ha reclamado al Gobierno central una nueva financiación autonómica basada en «un reparto equitativo y justo de los recursos, que preserve la autonomía fiscal, la solidaridad y el equilibrio interterritorial y que garantice que todos los ciudadanos accedan en condiciones de igualdad a los servicios públicos».

Esta iniciativa del PPdeG, aprobada en la Comisión de Economía esta tarde de jueves –con el voto en contra del BNG y PSdeG–, rechaza negociaciones bilaterales y demanda un diálogo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin «disposiciones que favorezca a una comunidad autónoma sobre otras».

La proposición no de ley demanda también «transparencia y participación de todas las comunidades» en los procesos legislativos que afecten al marco competencial autonómico.

Durante el debate, Alberto Pazos Couñago (PP) ha censurado que la propuesta del Gobierno de nueva financiación es «inaceptable», pero reprueba que el cupo que propone el BNG «también». Reprocha que el Ejecutivo central «faltó gravemente al respeto» al autogobierno gallego.

En su intervención, Pazos Couñago ha vuelto a referirse a la reciente imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre este punto, Patricia Iglesias (PSdeG) ha dicho «no entrar en ese lodazal» del PP y pide respeto a la presunción de inocencia. Paralelamente, la diputada socialista ha asegurado que 587 millones más «es bueno para Galicia» en la financiación, pero aboga por poder negociar para ampliar esa cantidad.

Mientras, Noa Presas (BNG) ha tachado de «inaceptable» la propuesta de financiación del Gobierno, que considera «inconsistente e injusta», al tiempo que «aumenta la discriminación» a Galicia. «No vale ni siquiera sobre punto de partida», reprueba, por lo que «tiene que ir directamente a la papelera de reciclaje».

FONDOS PARA EMPLEO

Por otra parte, la mayoría del PP ha sacado adelante una proposición de su grupo para solicitar al Gobierno que «flexibilice» la normativa reguladora de los fondos finalistas de formación para permitir a las comunidades el diseño de programas eficaces «que se puedan adaptar a las necesidades del tejido productivo propio de cada territorio». El PSdeG ha votado en contra y el BNG se ha abstenido.

Sobre este extremo, Noelia Pérez (PP) ha apostado por «más flexibilidad» para «reducir los desajustes entre oferta y demanda».

Mientras, la oposición ha denunciado que detrás de esta iniciativa está la «falta de capacidad de ejecución» de la Xunta de fondos de formación.

PAGO A EMPRESAS EXTERNAS POR LLAMADAS AL SERGAS

En esta comisión, los populares han tumbado todas las iniciativas del BNG y PSdeG que pedían a la Xunta: la construcción de un nuevo polideportivo en Oroso (A Coruña), mejorar la carretera OU-533 A Gudiña-A Rúa, una actualización normativa en materia de ejecución presupuestaria tras dejar 800 millones sin gastar en 2025 y contratar más personal de servicios en los centros de salud.

En un de ellas, el diputado socialista Julio Torrado ha defendido una iniciativa en la que se insta al Gobierno gallego aumentar el volumen de trabajadores de Persoal de Servizos e Xestión (PSX) para atender el volumen de trabajo y eliminar la subcontratación. La propuesta ha sido rechazada por el PP.

El diputado ha denunciado que el Sergas paga 1,70 euros a una empresa externa por cada llamada que devuelve un centro de salud que no pudo ser atendida porque «no hay personal suficiente». Supone 3 millones al año y pide que esa partida se destina a «contratar más personal».

«Si se contrata más personal, tenemos que subcontratar menos personal», razona Torrado, pero lamenta que esto no se hace.

Al respecto, Noa Presas ha mostrado el apoyo del BNG a esta iniciativa, frente al «mito de que la gestión privada es más rentable», pues «no sale mejor para las arcas públicas».

En cambio, María Dolores Hermelo (PP) asevera que esta iniciativa «nace de una falsedad» que afirma que privatiza el sistema sanitario por una atención telefónica «cuando los centros de salud están cerrados». Defiende que es un sistema que atiende «unas 22.500 llamadas anuales» fuera de horario y que garantiza la atención a la ciudadanía, por lo que critica que el PSdeG busca «crear alarma política donde existen cero problemas».

Torrado ha acusado al PP de «mentir», ya que dice que los datos de Galaria, adjudicataria de solo uno de los contratos, recogen más de 400.000 llamadas el año pasado.