La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a tres años de prisión a una mujer que facilitó su cuenta bancaria para llevar a cabo una estafa informática de más de 89.000 euros.
Según se recoge en la sentencia, los hechos evidencian que la intervención de la penada «se inserta plenamente en la fase ejecutiva del ilícito patrimonial», subrayando que «resulta acreditado» que la condenada «conocía la anómala naturaleza de la operativa desarrollada» y, por lo tanto, «asumía conscientemente el riesgo de estar colaborando en una dinámica defraudatoria ilícita».
«La recepción del dinero en la cuenta facilitada constituía un presupuesto necesario para culminar el fraude diseñado por los autores de la manipulación informática», ha trasladado el Tribunal en su resolución, recalcando que la penada «aceptó el origen delictivo de los fondos», así como el uso de su cuenta bancaria como «instrumento para canalizar el resultado económico del fraude».
HECHOS PROBADOS
En concreto, el 3 de enero de 2023, la víctima –después de traspasar la farmacia de la que era propietario– envió un correo electrónico a una cooperativa farmacéutica para liquidar la deuda pendiente de pago con esta, recibiendo al día siguiente contestación en la que se indicaba la cantidad de 89.553,30 euros, así como el medio de pago por transferencia bancaria a una cuenta bancaria, incluyendo también certificado de titularidad de la misma.
Sin embargo, el correo recibido «respondía a la realidad», puesto que terceras personas, recurriendo a un «artificio informático», modificaron el verdadero correo, alterando la cuenta en la que se debía ingresar el pago y provocando que el acusado abonase la cantidad previamente indicada a una cuenta de la que era titular la acusada.
Así, el denunciante fue instado el día 25 de ese mismo mes por la cooperativa farmacéutica al señalar que «no habían recibido trasferencias alguna en la cuenta que le habían proporcionado inicialmente».
En este sentido, la condenada, «consciente del fraude empleado» y una vez recibida la transferecia, entre el 11 y 12 de enero de 2023 realizó dos transferencias nacionales, por importe de 10.000 y 8.000 euros; y otras dos trasferencias internacionales por importe de 40.000 y 30.000 euros.
Asimismo, el 11, 13 y 14 de enero de 2023, efectuó tres reintegros por un importe total de 1.500 euro en distintos cajeros automáticos localizados Almería, su lugar de residencia.
CONDENA
Por todo ello, la Audiencia Provincial de Ourense la ha condenado, además de a tres años de prisión, al pago de una multa de siete meses a razón de seis euros diarios y el pago de una indemnización a la víctima de 89.553,30 euros, así como el abono de las costas procesales, por un delito de estafa, considerando que la penada es «autora a título de cooperadora necesaria», atendiendo a su participación «directa, material y voluntaria».
Con todo, la acusada ha resultado absuelta de un presunto delito de blanqueo de capitales, según solicitaba Fiscalía, que interesaba la pena de dos años de prisión y multa de 100.000 euros, así como pago de una indemnización en la cantidad estafada por este delito.
Por su parte, la acusación particular solicitaba una pena de cinco años de prisión, además del pago de una multa de doce meses a razón de 10 euros diarios, solicitando en concepto de responsabilidad civil la misma suma que el Ministerio Fiscal, por un delito de estafa.
JUICIO
En concreto, durante el juicio celebrado el pasado miércoles 29 de abril, la acusada negaba tener conocimientos informáticos y señalaba que no se había beneficiado «en nada» ni había obtenido dinero tras los hechos.
En este sentido, también la víctima subrayaba que no recuperó el dinero tras efectuar la transferencia y manifestaba no conocer a la acusada «de nada».
Al juicio fueron llamados a testificar los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo el atestado, que explicaban que el caso parecía responder a la estrategia de uso de «mulas bancarias», de tal forma que se crean varios productos bancarios que reciben dinero y desde los cuales se puede mover ese dinero para vaciar las cuentas automáticamente, quedándose los ejecutores con parte del dinero como comisión.
En cuanto al engaño efectuado a través del correo electrónico, el agente de la Guardia Civil que realizó un informe informático desgranaba que, para llevar a cabo la estafa, terceras personas utilizaron reglas en el e-mail para que aquellos correo que incluyesen en el remitente ciertas palabras clave se desplazasen automáticamente a una carpeta concreta, desapareciendo de la bandeja de entrada de la víctima.
En este sentido, los agentes de la Comandancia ratificaban que el correo «comprometido» procedía de diversas IP que no eran de la península.

