La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acogido este viernes la primera de las jornadas del juicio contra cuatro acusados de integrar una organización que introdujo 650 kilos de cocaína por el puerto de Vigo en abril de 2023, y las defensas han solicitado la nulidad de las actuaciones por supuestas irregularidades de los agentes policiales infiltrados, apuntando a un posible «delito provocado» por los propios funcionarios, lo que conllevaría la impunidad de la acción tipificada.

En esta primera jornada, las partes han expuesto sus cuestiones previas y todas las defensas han solicitado nulidad de actuaciones, argumentando que los agentes infiltrados actuaron irregularmente, ya que, antes de estar habilitados para llevar a cabo su labor encubierta, no se limitaron a hacer una aproximación a la acción delictiva, sino que «se involucraron en la actividad criminal».

Igualmente, han expuesto que, en un momento de la investigación, cuando las diligencias de la Fiscalía fueron archivadas, los policías infiltrados siguieron actuando, y que precisamente esa actuación llevó a reabrir la causa.

Las defensas también han apuntado a los agentes como «inductores» del delito de tráfico de drogas, y han señalado que fueron los policías encubiertos los que «instigaron la comisión del delito». De ser así, han recordado, se estaría ante un «delito provocado», lo que llevaría, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a un delito imposible ya que no hubo voluntad criminal.

Los representantes de los acusados también han señalado que se vulneraron derechos fundamentales, como el derecho de defensa o el derecho a contar con toda la información en el proceso. Además, han advertido de que los hechos deberían ser juzgados por la Audiencia Nacional, y han subrayado que se vulneró la intimidad de los acusados, contra quienes no hay más que un «desierto probatorio».

«PROPÓSITO CRIMINAL PREEXISTENTE»

El Fiscal, por su parte, ha rechazado los argumentos de las defensas, y ha recordado que las cuestiones previas planteadas ya fueron en su mayoría rechazadas en la fase de instrucción.

Con respecto al planteamiento del delito provocado, el representante del ministerio público ha proclamado que «no hay ningún dato» que avale ese extremo «por mucho que se intente torcer la realidad», y ha subrayado que «el propósito criminal es preexistente».

Así, ha explicado que los acusados formaban parte de una organización criminal «sólidamente asentada en Málaga» y que ya habían hecho otras operaciones de tráfico de droga. «Ningún agente los persuadió ni convenció», ha enfatizado.

El Fiscal ha insistido en que los policías llevaron a cabo su labor en el marco de una investigación «compleja y dinámica», propia del tipo de delito y de la actuación encubierta, y ha remarcado que no tuvieron contacto con los cuatro acusados hasta que éstos llegaron a Vigo para hacerse cargo de la droga.

Además, ha negado que los funcionarios se hubiesen involucrado desde el principio en la actividad delictiva, y ha recordado que no eran los policías los que tenían contacto con los proveedores colombianos, ni intervinieron en la compra de la droga ni en su transporte.

HECHOS Y PENAS

La investigación comenzó en julio de 2022, cuando la Policía Nacional pudo averiguar que los cuatro acusados, dirigidos por un quinto hombre que está en paradero desconocido, integraban «una actividad estructurada y sostenida conformada por recursos personales y materiales dispuestos con la ilícita finalidad» de introducir cargamentos de cocaína «disimulados en carga lícita» a través, entre otros, del Puerto de Vigo.

«Ya entre julio de 2022 y marzo de 2023 (el cabecilla) dispuso las comprobaciones oportunas sobre el funcionamiento de los puertos de Vigo y Marín y así facilitar la planificada introducción de un cargamento de cocaína proveniente del puerto de Turbo, en Colombia», expone el Fiscal en su escrito de acusación.

El ministerio público señala que el grupo iba a recibir 500 kilos de cocaína disimulados en un pallet de bananas dentro de un contenedor, «sistema que podría establecer de modo sostenido, con cargamentos de cocaína de hasta 1.800 kilogramos cada uno».

En el curso de las pesquisas, agentes policiales encubiertos recibieron por parte del jefe de la organización y de sus colaboradores las indicaciones para llevar a cabo sus objetivos.

De esta manera, se pudo saber que en abril de 2023 llegaría a Vigo, previo transbordo en Algeciras, un cargamento con 650 kilos de cocaína, que serían transportados posteriormente en camión hasta Málaga. Por ello, tres de los acusados viajaron desde el sur de la Península a Vigo para encargarse del transporte, mientras que el cuarto acusado conduciría el camión.

Una vez cargados los contenedores con la droga en el vehículo, fueron detenidos con más de 650 kilos de cocaína abordo, con una pureza de más del 80% y un valor en el mercado ilícito de más de 25 millones de euros. También se registró el domicilio del cabecilla del grupo en Málaga, donde encontraron casi 45.000 euros en efectivo.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para cada uno de los acusados la pena de 12 años de prisión y multa de 100 millones de euros, por un delito de tráfico de drogas cometido por una organización criminal.