La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra retomará a partir del lunes el juicio contra 11 personas acusadas y una empresa de transportes por la construcción y venta de ‘narcolanchas’ en Vigo y en el norte de Portugal, tras varias suspensiones.

El juicio por estos hechos estuvo señalado inicialmente para noviembre del año pasado, pero fue suspendido por un cambio de abogado de uno de los acusados. El pasado 2 de febrero se celebró una vista para abordar las cuestiones previas y se fijó como fecha de inicio de las declaraciones este 16 de febrero.

Ese día la vista tuvo que ser suspendida porque uno de los letrados estaba indispuesto y se marcó el inicio para el día siguiente, pero tampoco fue posible la celebración porque el mismo abogado informó de la imposibilidad de llegar a tiempo al juicio.

El 19 de febrero, tras una espera de casi dos horas (porque uno de los acusados no estaba conectado por vídeoconferencia) se tuvo que acordar la suspensión otra vez. La explicación la daba el abogado de ese procesado que no estaba conectado: se encontraba en cama, aquejado por una ciática y no podía desplazarse a ningún sitio con internet para hacer la videoconferencia.

Finalmente, tras encajar las agendas de los letrados, la sección quinta de la Audiencia, con sede en Vigo, prevé retomar el juicio esta semana, tras una única sesión celebrada, en febrero, para la exposición de cuestiones previas.

CONTRABANDO DE EMBARCACIONES PROHIBIDAS

La Fiscalía considera que los 11 acusados (más una empresa de transportes de O Porriño) formaban una estructura «empresarial, personal y material» que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, que iban a ser destinadas a operaciones de narcotráfico.

Así, les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa también de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, ya que en el registro de su domicilio se le intervinieron casi 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.

En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 ‘narcolanchas’, algunas de las cuales se probó que habían participado en alijos de hachís en el sur de la Península.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros y dos años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas, o para beneficiarse de incentivos fiscales; además de un año y tres meses de suspensión de las actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.