La Xunta de Galicia estudiará que las personas puedan designar a un albacea para gestionar su patrimonio digital tras morir, reforzar los derechos de las parejas de hecho y limitar la responsabilidad de los herederos para que solo respondan de las deudas del fallecido con los bienes que reciban.

Estas son varias de las propuestas trasladadas por la Comisión Notarial del Derecho Civil de Galicia a propuesta del Gobierno gallego con el objetivo de reformar la Ley de Derecho Civil de Galicia para adaptarla a la realidad social. Un documento de trabajo que consta de 200 artículos, redactados durante cinco años y 60 sesiones de debate jurídico.

El documento ha sido presentado este miércoles por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en un acto en el que ha estado acompañado por el director Xeral de Xustiza, José Tronchoni, y en el que ha participado el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño, integrante de la citada comisión.

En su comparecencia, Diego Calvo ha explicado que la petición de la propuesta de reforma obedece a la necesidad de adaptar una normativa del año 2006 y que fue revisada por última vez en 2017 a las nuevas necesidades sociológicas y tecnológicas, así como al derecho internacional. Además, busca prestar especial atención a la protección de las personas con discapacidad, edad avanzada o en situación de soledad no deseada.

Entre las novedades, se incorpora una regulación específica del patrimonio digital, como páginas web, cuentas en línea, perfiles en redes sociales o activos financieros virtuales. Así, se define qué debe entenderse por patrimonio digital y se establecen reglas sobre su titularidad y gestión después del fallecimiento.

También permite que una persona pueda decidir mediante testamento quién será titular de los bienes digitales y quién se encargará de gestionarlos, incluyendo la posibilidad de nombrar a albaceas digitales.

PAREJAS DE HECHO Y CONTRATO DE VITALICIO

Por otra parte, se aspira a reforzar la seguridad jurídica de las parejas de hecho, con la incorporación de un nuevo título en la norma dedicado de manera específica a esta realidad familiar, ya consolidada. Entre las modificaciones figura que los miembros de la pareja puedan pactar sus relaciones económicas, el reconocimiento expreso del trabajo en el hogar y, en caso de fallecimiento, el reconocimiento de los mismos derechos que la ley atribuye a los cónyuges viudos.

Entre las modificaciones sugeridas figura el del refuerzo del contrato de vitalicio, para que las personas que entregan parte de su patrimonio a cambio de recibir alimentos, asistencia y cuidados durante toda su vida tengan la seguridad de que ese compromiso se va a cumplir. Se busca también que estas relaciones estén mejor cuantificadas y definidas desde el principio, además de reforzar las posibilidades de reacción ante un incumplimiento permitiendo la resolución del contrato.

DERECHO SUCESORIO

El conselleiro ha explicado que los principales cambios propuestos se centran en el derecho de sucesiones, con la reforma de casi 200 artículos de la actual norma.

En este campo se mantienen instrumentos fundamentales como el testamento, los pactos sucesorios y la propia ley, reforzando la capacidad de las personas para organizar en vida cómo quieren que se distribuya su patrimonio y asentando la autonomía de la voluntad en el proceso sucesorio. Además, se adapta la ley gallega a la normativa de apoyo a las personas con discapacidad y al derecho europeo.

En un contexto en el que en Galicia son múltiples las renuncias a las herencias, entre las novedades destaca también la limitación de la responsabilidad de los herederos a los bienes de la herencia, de manera que se compatibiliza la suficiente protección de los acreedores con la de las personas herederas. De este modo, los herederos solo responderán de las deudas del fallecido con los bienes que reciban. Además, se incluye la posibilidad de renuncia de la legítima en vida.

Diego Calvo ha incidido en que la propuesta de actualización realizada a instancias de la Xunta tiene como objetivos primordiales que el derecho civil gallego siga siendo capaz de proteger a mayores y personas con discapacidad, que dé seguridad jurídica a las nuevas formas de convivencia, permita organizar mejor la transmisión del patrimonio familiar y tenga en cuenta la realidad digital.

Se pretende, asimismo, facilitar los procesos sucesorios, reduciendo incertidumbres y ofreciendo instrumentos jurídicos más claros y flexibles.

Además, el conselleiro ha agradecido el trabajo realizado por la Comisión Notarial de Derecho Civil de Galicia, integrada, además de por José María Graíño, por los notarios Carmen Alicia Calaza, de A Estrada; José Luis Espinosa, de Vigo; María Inmaculada Espiñeira, de Santiago de Compostela; María Isabel Louro, de Ourense; Francisco Mariño, de Cervo-Burela; Francisco Ordóñez, de A Coruña; y Víctor José Peón, también de A Coruña, así como por el catedrático de Derecho Civil Miguel Ángel Pérez.

PUNTO DE PARTIDA

Diego Calvo ha explicado que esta propuesta supone un «punto de partida», tras la cual el Gobierno gallego redactará su anteproyecto para la aprobación en el Consello de la Xunta. Un paso después del que la reforma legal sería remitida al Parlamento de Galicia para su tramitación.