PSOE y BNG de Lugo han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen a la Xunta aclarar si convoca una nueva plaza de empleo público que iría destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y que sería clave para que los populares puedan presentar una moción de censura si estampa en el documento correspondiente la firma número 13.

El comunicado se produce en relación a la la reciente publicación de una plaza en comisión de servicios dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y los integrantes del gobierno local lucense insinúan que podría estar reservada para Reigosa, trabajadora en la demarcación de Costas. El puesto, correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 27 de abril.

Ambas formaciones consideran necesario esclarecer si esta convocatoria guarda «alguna relación» con la actual situación política en el Ayuntamiento y llaman la atención sobre la coincidencia entre el perfil profesional requerido para el puesto y el currículum de la «concejala tránsfuga», lo que, a su juicio, «incrementa las dudas sobre el contexto en el que se produce esta oferta pública».

¿OPTARÁ A DICHA PLAZA?

PSOE y BNG plantean la pregunta además de forma directa si la edil María Reigosa tiene previsto optar a dicha plaza, una cuestión que califican de «legítima» y que, insisten, debería ser respondida con claridad para evitar especulaciones.

En su comunicado, ambas formaciones subrayan la necesidad de «garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en momentos de especial sensibilidad política, con el fin de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

Asimismo, advierten de que, en caso de confirmarse cualquier vínculo entre esta convocatoria y movimientos políticos en el Consistorio lucense, se trataría de una situación de «extrema gravedad» que podría ser interpretada como «contraria a los principios éticos y democráticos».

SIN DESCARTAR

PSOE y BNG reiteran su compromiso con la defensa de la democracia, la ética pública y el respeto a la voluntad ciudadana, al tiempo que apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar que todas las actuaciones se ajusten a los principios de legalidad, transparencia e interés general.

Finalmente, ambas formaciones aseguran que permanecerán «vigilantes» ante la evolución de este asunto y no descartan «emprender acciones legales» si se detectan indicios de irregularidades que pudieran tener relevancia penal o suponer un menoscabo de los principios democráticos.