Un bombero del GES del Val Miñor, acusado de tres delitos de coacciones, en concurso con dos delitos de lesiones psíquicas menos graves, y un delito de lesiones, ha comparecido este martes ante el tribunal de instancia de Vigo, sección penal plaza 1, en un juicio en el que se enfrenta a penas que suman 3 años y 10 meses de cárcel, y en el que ha negado los hechos que le atribuyen, frente los testigos que han relatado episodios frecuentes de amenazas, insultos o coacciones por su parte.

El acusado ha reconocido que hay un ambiente de enfrentamiento en el GES, pero lo ha atribuido a tensiones por la consecución de plazas estables en el servicio, y ha criticado que el GES no dispone de procedimientos de trabajo. Asimismo, ha denunciado «jugadas sucias» en el nombramiento de un coordinador del servicio y otras irregularidades, como órdenes que le daban para realizar funciones que, como peón forestal, no le correspondían.

En todo caso, y con respecto a los supuestos delitos por los que se le acusa, ha negado que hubiera insultado a sus compañeros y, específicamente, a la delegada de personal, la única mujer en el servicio. También ha negado que hubiera amenazado de muerte ni a sus superiores ni al resto de compañeros.

DESPRECIO «POR SER MUJER»

Una de las perjudicadas en la causa, la delegada de personal, declaró ante la jueza que los problemas con el acusado comenzaron cuando fue despedido en un proceso de estabilización y, aunque luego volvió a incorporarse al servicio, siguió el conflicto porque nombraron coordinador a otra persona. Desde ese momento, ha explicado esta testigo, el acusado ya adelantó que no iba a acatar las órdenes y «actuaba con desprecio hacia los compañeros».

En su caso concreto, ha asegurado que el acusado menospreciaba su trabajo, y le decía constantemente que había conseguido su puesto «por ser mujer», pero que, en realidad, no era válida para ese trabajo. Así, ha narrado, llegó a afearle que trabajaba en el GES porque le había «hecho favores» a los alcaldes del Val Miñor.

Esta testigo ha señalado que el episodio más grave se produjo un día que le gritó e insultó, advirtiéndole de que la iba a «quemar viva». «Temí por mi vida», ha remarcado, y ha explicado que ahora, aunque ya no trabajan juntos, en los cambios de turno se «esconde» para no cruzárselo, y evita quedarse a solas en las instalaciones con él.

«NADIE QUERÍA TRABAJAR CON ÉL»

Otro testigo ha sido el que fue coordinador del servicio cuando ocurrieron estos hechos, y ha señalado que el acusado buscaba el «enfrentamiento directo» con él, con la delegada de personal y con la mayoría de compañeros. Al respecto, ha explicado que el propio procesado explicaba «que no iba a colaborar, que iba a poner todas las trabas posibles».

Este trabajador, que a raíz del conflicto renunció a renovar el cargo de coordinador, también relató insultos, faltas de respeto y desobeciencia de órdenes directas. Igualmente, ha responsabilizado al acusado de crispar el ambiente de trabajo y dificultar el normal desarrollo del servicio: «Nadie quería trabajar con él».

En la misma línea, otro de los trabajadores perjudicados ha relatado situaciones de amenazas, insultos, desprecios y «provocaciones». «Había que hacerlo todo como él quería (…), la gente no denunció por miedo, porque se ponía violento», ha señalado, y ha añadido que incluso actualmente, que solo se ven en los relevos, coincidir con él «es un sufrimiento».

Un cuarto testigo ha corroborado que el acusado mantenía una «actitud desafiante» y que había presenciado varias discusiones, insultos y amenazas, como que «iba a quemar el parque con todos dentro». «Lo conozco desde hace años, es una persona de carácter muy fuerte, pero eso derivó en una situación de ‘o estás conmigo o contra mí'», ha explicado, y ha reconocido que el acusado le da «miedo».

«NINGUNA MEDIDA»

Los perjudicados han señalado que la situación era tan insostenible que pusieron los hechos en conocimiento de la Mancomunidad del Val Miñor en varias ocasiones, y que también hubo una actuación de la Inspección de Trabajo.

En el caso del ente supramunicipal, han explicado que se abrió un expediente disciplinario, pero que éste «se dejó caducar» sin que la Mancomunidad tomase «ninguna medida» contra este trabajador, y ello a pesar de las evidencias recabadas por la Inspección y de los numerosos avisos por parte de los miembros del servicio.

Al respecto, han remarcado que los alcaldes (de Nigrán, Baiona y Gondomar) eran conocedores de lo que estaba pasando y que también habían trasladado la situación al psicólogo de la Mancomunidad. «Nunca se hizo nada», ha explicado uno de los testigos.