La guerra en Irán y su impacto en los precios de la energía y los carburantes ha llevado a las comunidades autónomas a activar paquetes propios de respuesta económica que superan ya los 2.300 millones de euros, centrados principalmente en apoyar a empresas, autónomos y sectores productivos especialmente expuestos al aumento de los costes energéticos.

Estas actuaciones se despliegan en paralelo al plan estatal aprobado por el Gobierno, que contempla 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros para contener los efectos de la crisis derivada de la escalada en Oriente Medio, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la duración del conflicto y su impacto en los mercados internacionales.

Con este plan de respuesta estatal, profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores de toada España tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos hasta el 30 de junio. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra y, por ahora, aplicable hasta el próximo 30 de junio.

El Ministerio de Hacienda espera que estas ayudas previstas para los transportistas y los agricultores se puedan empezar a pagar en abril. En el caso de los agricultores, la devolución por gasóleo agrario se paga a ejercicio vencido, pero la del gasóleo profesional se paga mensualmente.

Por el momento, más de la mitad de las autonomías ha anunciado por su parte iniciativas específicas para amortiguar la presión sobre la actividad industrial, el transporte y el tejido empresarial.

PAÍS VASCO CONCENTRA EL MAYOR ESFUERZO PRESUPUESTARIO

Entre las comunidades con mayor volumen económico destacan País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que han articulado planes orientados a reforzar la liquidez empresarial, sostener el empleo y proteger sectores especialmente vulnerables al encarecimiento energético.

El mayor paquete corresponde al País Vasco, con 1.047 millones de euros destinados a conformar un «escudo industrial» orientado a la protección del empleo, el apoyo financiero a pymes y el refuerzo de la autonomía energética.

En un segundo puesto, Cataluña prevé movilizar 400 millones de euros para proteger el poder adquisitivo de las familias y garantizar la continuidad de la actividad económica en los sectores más afectados.

Por su parte, la Comunidad Valenciana ha anunciado más de 300 millones de euros en medidas dirigidas al tejido empresarial, entre ellas una línea de créditos bonificados de 100 millones y ayudas específicas para sectores como transporte, logística y pesca.

También, Castilla y León ha aprobado un paquete cercano a los 170 millones de euros articulado en 28 medidas –25 de carácter autonómico– destinadas a apoyar la actividad económica y el empleo, reforzar el transporte colectivo mediante la ampliación de rutas del autobús gratuito Buscyl, respaldar a las familias y avanzar en eficiencia y ahorro energético.

Asimismo, Galicia aprobará un paquete superior a los 150 millones de euros para apoyar a los sectores más afectados, que se sumarán a los 120,6 millones que, según cálculos de la Xunta, dejarán de ingresar las arcas autonómicas como consecuencia de las medidas anticrisis estatales.

En el caso de Baleares se destinará cerca de 161 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y medidas estructurales dirigidas a sectores estratégicos como el transporte, la industria, el comercio o la agricultura.

A estas actuaciones se suma Navarra, cuyo Gobierno ha aprobado un decreto foral legislativo de armonización tributaria con medidas fiscales dirigidas a paliar los efectos del conflicto, entre ellas la rebaja del IVA del 21 por ciento al 10 por ciento en combustibles, electricidad y gas hasta el próximo 30 de junio.

Según el Ejecutivo foral, estas medidas supondrán un ahorro fiscal superior a los 37 millones de euros para los contribuyentes navarros.

Canarias, por su parte, ha aprobado medidas por valor de 29,8 millones de euros para un periodo inicial de cien días, ampliables –según han aclarado– hasta 60 millones si el conflicto se prolonga.

Por último, Murcia ha movilizado un primer paquete de 11 medidas presupuestadas en 10 millones de euros dirigidas a sectores especialmente afectados por la subida del precio de los carburantes y la electricidad.

TERRITORIOS AÚN SIN PLANES PROPIOS

En el caso contrario, ni la Comunidad de Madrid, ni Asturias han concretado por el momento nuevas iniciativas específicas, aunque han señalado que analizarán la evolución de las necesidades de los sectores afectados. En el caso del Principado, el Ejecutivo autonómico estudia la adopción de medidas fiscales si el impacto económico del conflicto se intensifica.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja se encuentra actualmente en «fase de análisis» de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros con el objetivo de evaluar su repercusión sobre la economía regional antes de adoptar decisiones adicionales.

En el caso de Cantabria, se ha descartado la aprobación de actuaciones propias y se limitará a valorar si resulta necesario complementar las medidas estatales.

A esta situación, se suman Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía, donde por ahora no se han anunciado paquetes autonómicos específicos vinculados directamente al impacto del conflicto en Irán.

CEUTA Y MELILLA SIN REBAJAS FISCALES

Por último, el plan de ayudas estatal ha dejado fuera a Ceuta y Melilla. Ambas ciudades autónomas no contarán, por el momento, con esta iniciativa ni con paquetes económicos propios para paliar los efectos de la guerra en Irán.

Esta situación es el resultado de la exclusión del régimen impositivo especial en estas medidas, en concreto el IPSI –impuesto que se paga en ambas ciudades en sustitución del IVA– lo que impide que los ciudadanos de ambos territorios puedan beneficiarse de las rebajas fiscales aplicadas en el resto del país.