Ayuntamientos gallegos urgen a la Xunta a regular «la nueva realidad» de los VTC en un contexto de protestas del sector del taxi, como la celebrada esta semana en A Coruña, con un amplio seguimiento y con hartazgo por parte de los profesionales de este ámbito, según expusieron.

«A día de hoy, la actividad de los VTC no está incluida en la normativa municipal y no existen autorizaciones para realizar trayectos urbanos por parte de aquellos VTC que sí cuentan con autorización de la Xunta de Galicia para realizar trayectos interurbanos», explican desde el consistorio de Santiago consultados por Europa Press.

En el caso de este Ayuntamiento, a través del Departamento de Movilidad, tiene previsto abrir una consulta pública previa con el fin de actualizar la normativa municipal sobre transporte público en vehículos de pasajeros, dado que la normativa vigente data de 1990. «Este proceso de consulta pública también tendrá en cuenta la nueva realidad de los vehículos privados, será un proceso similar al que se abrió en A Coruña», concretan.

Respecto a las condiciones en las que se puede prestar el servicio, insisten en que «a día de hoy, los vehículos privados que cuenten con autorización de la Xunta pueden realizar viajes interurbanos, pero no viajes urbanos». En cuánto a cómo hacer compatible esta actividad con la de los taxistas, afirman que será uno de los temas que se abordarán en la consulta pública y avanzan que la intención del gobierno local «es preservar la condición del taxi como servicio público».

Desde este consistorio, como otros consultados, entienden que es el Ejecutivo autonómico «quien debe regular la nueva realidad de los VTC de forma armonizada» para toda la comunidad autonóma. «Y así se le ha comunicado junto con los municipios de Vigo y A Coruña y a través de Federación Galega de Municipios e Provincias», recuerda.

«La Xunta debe definir una normativa regional, elaborando los estudios previos necesarios sobre la demanda y la situación actual». «Es la que otorga autorizaciones que sabe que se violan sistemáticamente y es la que introduce una mayor incertidumbre jurídica al regular todo lo relacionado con los VTC por la puerta trasera, a través de las leyes que acompañan a los presupuestos regionales», exponen.

SANCIONES EN VIGO

En Vigo, explican que han sido presentadas 49 solicitudes de licencia urbana, que fueron desestimadas, «de las cuales hay 13 que en la ultima comprobación carecían de autorización VTC». Mientras, cifran en 123 los expedientes sancionadores incoados en una ciudad con 549 licencias en el sector del taxi.

En la actualidad, esta urbe no cuenta con una ordenanza y se remiten a la que regula el servicio del taxi. De ella, recuerdan que «no contempla el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor» en este término municipal, al tratarse de una ordenanza anterior a la ley de 2023 existente a este respecto.

PROTESTA DEL TAXI

Mientras, en A Coruña el sector del taxi se ha movilizado el miércoles para exigir al consistorio herculino que «se cumpla la ley» y denunciar que los vehículos de transporte con conductor (VTC) realizan servicios urbanos cuando su licencia permite exclusivamente los desplazamientos interurbanos. Piden también a la Xunta que «frene la concesión de este tipo de autorizaciones».

«Hemos mantenido múltiples contactos y no hemos llegado a ninguna solución para que frenen esta ilegalidad manifiesta de las VTCs que prestan servicio urbano de una manera ilegal sin previa licencia municipal», ha insistido el presidente de la Federación Gallega de Taxi, Ricardo Villamisar, en declaraciones a Europa Press.

Al respecto, ha señalado que «pasa lo mismo en otras ciudades» pero ha explicado que «por ejemplo en Vigo, la Policía Local está sancionando». «En el caso de A Coruña son solamente los inspectores de transporte de la Xunta los que levantan las correspondientes actas de infracción», ha asegurado. «Le exigimos al Ayuntamiento que cumpla la normativa», ha recalcado en alusión a la ley autonómica y la propia ordenanza municipal que fue aprobada por el gobierno local en el mes de septiembre.

SITUACIÓN EN A CORUÑA

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha incidido, en los últimos días, que en lo que va de año se han interpuesto «112 actas sancionadores que han dado lugar a 36 resoluciones y 276.030 euros en sanciones». No obstante, ha insistido en que «el conflicto no se resuelve con sanciones se resuelve conviviendo».

«Los usuarios demandan ese servicio y lo que tenemos que hacer es regularlo, pensar que se pueden prohibir es alejarse de la realidad», ha añadido tras recordar que en la ciudad herculina viven 253.000 habitantes y hay 516 taxis. «No es suficiente», ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que «no se trata de buscar responsables», al tiempo que ha criticado que la Xunta otorgue licencias «a cascoporro». «A todo el que la pide y deja la patata caliente a los ayuntamientos que pedimos una regulación conjunta», ha criticado.

POSICION DE LA XUNTA

Desde la Xunta insisten en que cumple «estrictamente» con la normativa vigente y sus competencias «y tramita las autorizaciones de licencias de VTC domiciliadas en la comunidad, por delegación de competencias del Estado, en base a los criterios ambientales por los que actualmente se conceden». «Las autorizaciones permiten hacer so trayectos interurbanos entre diferentes municipios, por lo que no habilitan para hacer recurridos urbanos, recuerda.

Por otra parte, explica que la persona física o jurídica que solicita la licencia debe cumplir con todos los requisitos que establece la normativa para su obtención. «Una vez obtenido el permiso para operar en Galicia, los medios y la plataforma de explotación de la misma es una decisión ajena a la Xunta», añade.

«La normativa estatal prevé la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen licencias urbanas, y así lo trasladó Galicia a su regulación». «En el supuesto de prever su otorgamiento en las correspondientes ordenanzas municipales, los ayuntamientos serán competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor a quien disponga previamente de la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia», añade.

«Desde la Xunta enviamos en varias ocasiones comunicaciones a empresas y plataformas que operan en Galicia recordándoles sus deberes legales», explican.

«Pese a que la competencia de vigilancia e inspección de los servicios que transcurren por un término municipal también corresponde a los ayuntamientos, la Xunta, en el marco de su labor de inspección de transporte puede identificar, y ya lo tiene hecho, vehículos con autorización VTC que hacen desplazamientos urbanos y envía los informes de inspección a los ayuntamientos, que son los competentes para sancionar», añaden.