La Iglesia española celebra la petición del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que se investigue la explotación sexual de menores tutelados, tal y como recoge el informe de la institución de 2025 que presentó en el Congreso el pasado miércoles, al tiempo que ha vuelto ha exigir exención fiscal a las indemnizaciones que reciban las víctimas de abusos.

Así lo han puesto de manifiesto a Europa Press fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que señalan que esta fue una de las peticiones que la CEE incorporó al acuerdo firmado con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el pasado 8 de enero, para la creación de «una vía nueva a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial».

En este sentido, añaden que siguen reclamando la exención fiscal de las reparaciones a las víctimas de abusos que la Iglesia ya ha pagado, algo que, según recuerdan, por ahora solo se produce en Navarra.

En relación a la firma de este acuerdo con el Defensor del Pueblo, fuentes de la negociación señalan que la Iglesia mantiene también la necesidad de que no se den duplicidades en la gestión de los casos, «como establecía el acuerdo del día 8 de enero». A juicio de los obispos, se trata de que no se den dos acuerdos distintos sobre el mismo caso. Así, advierten de que cambiar esa condición sería cambiar las condiciones del acuerdo ya firmado con el ministro Bolaños.

La Iglesia española recalca que el procedimiento creado por el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA) no es una obligación legal de la Iglesia ni tiene un marco jurídico, sino una cuestión «estrictamente moral» que la Iglesia se ha impuesto para acoger a aquellas víctimas que no han podido acudir a una instancia jurídica.

Así, subraya que es un procedimiento que funciona, que acoge a las víctimas y que ofrece reparaciones «muy por encima de lo dispuesto por las sentencias civiles». Además, recuerda que este procedimiento quedará abierto aun en el supuesto de que no se llegara a un acuerdo pues su propuesta es de reparación integral que abarca lo económico pero también el acompañamiento, la acogida, y el encuentro con las víctimas.

Por ello, aclaran que el propósito del acuerdo con el Defensor es poder recibir a través de su oficina los casos de víctimas que no quieran acudir directamente a la Iglesia, un procedimiento complementario «pero no alternativo» por lo que, según insisten los obispos, sus condiciones no pueden diferir de las que sí acuden a la Iglesia.

El convenio entre Iglesia y Ejecutivo debería haberse suscrito en febrero, tal y como preveía el acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos y el Gobierno para establecer un sistema mixto Iglesia-Estado de reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial.

En concreto, el documento señalaba que para formalizar el acuerdo, la Iglesia Católica (CEE y CONFER), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debían firmar «un convenio de colaboración» al «mes siguiente» a la adopción del acuerdo (es decir, en febrero); y añadía que sería a partir de entonces cuando comenzaría a contar el plazo de un año (prorrogable a dos) para presentar las solicitudes de indemnización por parte de las víctimas.

«A los efectos de la presentación de las solicitudes de reparación, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto en el apartado siguiente que deberá producirse en el mes siguiente a la adopción del presente acuerdo», rezaba el acuerdo, suscrito por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego.

Según el acuerdo, a partir de la firma de este documento las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes durante el plazo de un año, prorrogable a dos.

Además, señala que este convenio negociado deberá contar con la opinión de las víctimas y definirá «el estatuto básico» de estas, referido al procedimiento y organización para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas formas de reparación integral, entre las que contempla: las de carácter restaurativo y simbólico; la reparación psicológica o psiquiátrica que podría extenderse a su familia, y la reparación moral.

VÍCTIMAS DE ABUSOS EN OTROS ÁMBITOS

Según se puede leer en el acuerdo, el desarrollo de este mecanismo de reparación «se inscribe en el marco del compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), para abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social».

Sobre este punto, la Conferencia Episcopal Española entiende que el Gobierno «se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia».

El pasado 8 de enero, en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, que tuvo lugar en el Ministerio de Justicia, el presidente de la CEE, Luis Argüello, aseguró que se «abre la perspectiva para que el desarrollo» de la LOPIVI, «pueda llegar en procesos de reparación a otros ámbitos de la sociedad».

Por su parte, Bolaños defendió que «en este acuerdo no hay ningún otro compromiso que no tenga que ver con las víctimas en el seno de la Iglesia Católica». «Obviamente, el compromiso del Gobierno con los abusos a menores es un compromiso que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ley del año 2021 de protección de la infancia y la adolescencia. Pero este es un acuerdo exclusivo, circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. No hay ningún acuerdo fuera», insistió.

El acuerdo también contempla que la CEE y la CONFER mantendrán su propio sistema de reparación a través de la comisión asesora del PRIVA, organismo que echó a andar en 2024