La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, ha decidido el traslado forzoso del juez Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, que ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta. Igualmente, envía de la sección tercera a la cuarta a la magistrada María Dolores López López.

En un acuerdo con fecha del 12 de marzo de 2025, al que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta de la Sala de lo Contencioso decide reestructurar esta sección tercera con base en sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, en las cuales «se considera que ha resultado vulnerado el derecho fundamental a un juez imparcial» por parte de Villares, que «se pone en relación con la intervención en política» de quien fue líder de En Marea.

Precisamente, se da la circunstancia de que Recio consiguió esta plaza a la que también aspiraba el magistrado Villares, sobre quien dice ahora que su «imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo».

También basa esta decisión en las «necesidades reorganizativas, atendido el número de procedimientos que se tramitan en cada una de las secciones, por entender que la reestructuración va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala». Contra esta decisión cabe interponer recurso en el plazo de un mes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De tal forma, decide también el traslado de la sección tercera a la cuarta de la magistrada María Dolores López López, según justifica, «para conseguir una composición equilibrada de las secciones».

A comienzos de año, el Supremo anuló tres sentencias a raíz de otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que hay dudas sobra la «imparcialidad» de Luis Villares, exlíder de En Marea y uno de los jueces que se pronunció como miembro de la Sala.

DENUNCIAN UN ATAQUE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Sobre esta decisión, Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado en el que muestra su «preocupación» por los «inusuales» traslados forzosos «de tanta envergadura» en la sección tercera porque «pueden afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial».

Así, denuncian un «desmantelamiento» de la sección tercera, «mediante el traslado forzoso de sección de dos de los cuatro magistrados que formaban parte» de esta, sustituidos por un nuevo magistrado y una nueva magistrada de reciente incorporación a la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso del TSXG.

El acuerdo firmado por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo apunta a que esta reorganización «supone un crecimiento profesional y una oportunidad en la carrera profesional de los propios magistrados».

La sección tercera se encarga de las autorizaciones administrativas relativas a parques eólicos en territorio gallego, las suspensiones cautelares de su construcción, y cuestiones de contratación administrativa, como las que afectan a concesiones hospitalarias, como la del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Así, Jueces para la Democracia recuerda que esta sección «fue objeto constante de presión mediática y política por sus resoluciones relativas a la autorización de parques eólicos».

Y muestra su sorpresa acerca de que una de las primeras medidas de la nueva presidenta de Sala, con solo una semana al frente tras tomar posesión el 6 de marzo, haya sido este «desmantelamiento», «no previsto en su programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial».

Jueces para la Democracia acusa a Recio de tomar esta decisión con una «carencia de criterios rectos». Igualmente, apunta que la decisión de la presidenta de Sala desliza tres recusaciones concretas del Supremo sobre Villares, que «son habituales en la vida normal de los tribunales». «No hay justificación para extender lo analizado respecto de un concreto asunto a toda la materia que trata una sección», advierte esta entidad.

«Estos acuerdos gubernativos de la nueva presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo suponen de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas. Aparta a la mitad de las personas que componían esa Sección», afirma.

También censura la «forma» de lo ocurrido, puesto que el procedimiento habitual de cambio de magistrados entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes, con una a los magistrados afectados, y más ante el carácter altamente especializado de las materias. Así, «fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales ni a las personas afectadas ni a los presidentes de las respectivas secciones», reprocha, unido a que «ninguno de los cuatro trasladados tiene experiencia previa en esta Sala en las concretas materias que les son encomendadas, lo que previsiblemente ocasionará en los primeros tiempos una evidente disfuncionalidad en el trabajo de ambas secciones».

Recuerda también que durante lo últimos meses «fueron habituales desmedidas declaraciones de determinados responsables políticos y empresariales» contra esta sección. Y es que diferentes cargos de la Xunta han sido críticos con las decisiones tomadas por el TSXG en materia de eólicos.

También advierte Jueces para la Democracia que «este movimiento puede socavar la actuación independiente de los miembros del Tribunal, al resultar intimidados por la amenaza de traslados forzosos y otras represalias por el ejercicio de la función que tienen encomendada constitucionalmente».