La gerencia del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte ha negado que realicen una «gestión restrictiva» o que sus centros sanitarios sufran una «falta de suministros», tal y como ha denunciado este lunes la Confederación Intersindical Galega (CIG).

Asimismo, fuentes del área sanitaria han rechazado que exista «falta de material» y han defendido que la suministración se efectúa de «forma planificada», al igual que la distribución atiende a «criterios técnicos» que se basan en factores como el tamaño del centro, su carga asistencial o la población atendida.

Según la gerencia, las necesidades de cada centro se rigen por «pactos de consumo previamente definidos con sus responsables» que revisan y actualizan de forma periódica con el objetivo de adaptarse «a las variaciones de actividad y a las necesidades reales de cada momento».

Al mismo tiempo, ha incidido en que disponen de un sistema de reposición automática que garantiza «la disponibilidad de los recursos necesarios». También ha asegurado que se atienden solicitudes fuera de los pactos de consumo «cuando las circunstancias asistenciales lo requieren».

Respecto a posibles incidencias puntuales en el stock, ha asegurado mantener «revisiones del estado de los almacenes con el fin de evitar desajustes» y contar con «mecanismos de respuesta inmediata» como la reposición de un producto desde otros dispositivos asistenciales si es necesario.

REPROCHES AL SUBDIRECTOR DE RECURSOS ECONÓMICOS

La central nacionalista, además de denunciar la «falta de suministros», ha demandado una disculpa pública o el cese inmediato del subdirector de Recursos Económicos por «responder con faltas de respeto, comentarios inapropiados y gritos» a las peticiones expuestas.

En este sentido, la gerencia ha censurado que el sindicato vierte «afirmaciones, descalificaciones y apreciaciones personales de especial gravedad, que exceden ese marco de respecto hacia la persona afectada».

También ha cargado contra el tono del comunicado de la CIG, ya que, a su entender, «supone una falta de coherencia» respecto a lo que demandan al reclamar «un comportamiento acorde a los principios de corrección y profesionalidad en el ámbito laboral».

Con todo, han remarcado que respetan el derecho de las organizaciones sindicales a «trasladar valoraciones» sobre el servicio y han abierto los brazos a «seguir trabajando de manera constructiva con los órganos de representación de los trabajadores».