La Comisión 4ª de Educación y Cultura del Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad este martes una propuesta del Partido Popular por la que urge al Gobierno central a garantizar la continuidad del programa de auxiliares de conversación.

En este sentido, la portavoz de Educación del Grupo Popular, Cecilia Vázquez, ha recordado que mientras que el ministerio de Trabajo considera que los auxiliares deben formalizar su relación mediante contratos laborales y cotizar en el régimen de la Seguridad Social; el de Educación, por el contrario, define la participación en este programa como una experiencia de intercambio cultural «y no como una relación laboral ordinaria ni como un desempeño docente».

La parlamentaria popular ha considerado «prioritario» clarificar el marco jurídico y laboral del programa y ha denunciado que «las recientes actuaciones del ministerio de Trabajo están poniendo en riesgo la continuidad de esta iniciativa y ya provocó que algunas Comunidades fuesen objeto de expedientes sancionadores».

Asimismo, los populares han presentado una propuesta –aprobada con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos– por la que instan a la Xunta a promover un Pacto de Estado por el Futuro de la Juventud «basado en el diálogo y en el consenso político y social», todo ello con el objetivo de que este «permita articular políticas públicas coordinadas, estables y a largo plazo en materia de juventud».

Además de impulsar la participación de las comunidades autónomas en el diseño y en el desarrollo de este pacto, «garantizando el respeto al marco competencial y a la cooperación institucional». También piden que se establezcan mecanismos de evaluación y seguimiento de las medidas incluidas en el pacto, «que aseguren su eficacia, sostenibilidad e impacto real en la mejora de las condiciones de vida de la juventud».

PROPUESTAS RECHAZADAS

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto el foco en la atención a la diversidad y en el estado de los centros. En concreto, el PSdeG ha instado a la Xunta de Galicia –en una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad en este primer punto– a garantizar «de forma inmediata» la cobertura de todas las plazas de profesorado especialista necesarias en los centros educativos de Pontedeume.

Es decir, incluyendo cuidadores y cuidadoras, maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, profesionales de apoyo educativo y personal de orientación. Por otro lado, el resto de puntos que conformaban esta propuesta han sido rechazados por la Comisión.

Paralelamente, los socialistas han urgido a la Xunta a actuar en el IES Fernando Blanco de Cee, una institución que, según denuncian, padece deficiencias como filtraciones de agua, humedades o falta de instalaciones adecuadas para Educación Física. En este caso, la propuesta no ha salido adelante tras el voto en contra de los diputados populares y los votos a favor de PSOE y BNG.

Finalmente, la diputada del Bloque Nacionalista Galego Mercedes Queixas ha denunciado la «desidia» del Gobierno gallego con la música y el baile tradicional gallego y ha reclamado una serie de medidas «urgentes» para su promoción y transmisión.

Así, el BNG ha presentado una Proposición No de Ley –rechazada con los votos en contra del PP– con la que Queixas ha denunciado la «ausencia de políticas activas» a este respecto. La proposición del BNG instaba a la Xunta a realizar un «estudio riguroso» para conocer la «dimensión social y económica del sector; reforzar la presencia de la música tradicional en los conservatorios o regularizar la situación laboral de los profesionales y docentes del sector».

Finalmente, el BNG ha presentado una Proposición No de Ley que ha sido rechazada con los votos en contra del PP en la que instaba a la Xunta a incoar en el plazo de un mes la declaración de la Capela do Cotillón, localizada en el ayuntamiento de Pantón, como Ben de Interese Cultural.

Así como a «tomar las medidas necesarias en el ámbito competencial de la Xunta para impedir su venta y que sea propiedad privada» y a poner en marcha «todas las medidas que sean necesarias para proteger la capilla y poner en valor el espacio en la que se localiza».