El PP y UPN defenderán este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal para ampliar los supuestos en los que se prevé la imposición de la pena de prisión permanente revisable, con la incorporación de dos nuevos casos: que el reo haya hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no dé razón de su paradero, y que el autor ya hubiera sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato.
Una iniciativa con la misma finalidad ya fue debatida hace cuatro años en la Cámara Baja a instancias del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y dos exdiputados de UPN. Llegó impulsada por Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, la joven asesinada en 2019 en un pueblo de Valencia y cuyos restos aún no han aparecido por la falta de explicaciones de su homicida confeso. También la apoyaron las familias de Diana Quer y Marta del Castillo.
Aquella forma superó el primer examen parlamentario gracias al apoyo adicional de Vox y del PSOE, grupo que avisó que cambiaría ciertos puntos mediante enmiendas, pero la ley no completó su tramitación y acabó decayendo al disolverse las cámaras.
MEDIO CENTENAR DE APLICACIONES DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
En la iniciativa actual, recogida por Europa Press, el PP y UPN plantean modificar el apartado 1 del artículo 140 del Código Penal mediante la adición de dos nuevos supuestos. En la actualidad, la prisión permanente revisable se aplica en asesinatos de menores de 16 años o personas vulnerables, asesinatos tras delitos sexuales, crímenes de organizaciones terroristas, genocidio y homicidio del Rey o jefes de Estado extranjeros.
Desde su introducción en el ordenamiento penal español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, auspiciada por el Gobierno de Mariano Rajoy frente a la oposición de la izquierda, los tribunales han impuesto esta pena máxima en medio centenar de casos, «todos ellos de gran repercusión en la opinión pública por las circunstancias de especial crueldad de los delitos objeto de enjuiciamiento.
Los proponentes aseguran que la sociedad española está «mayoritariamente a favor» de la existencia de este máximo castigo para delitos de especial gravedad y añaden que en torno al 80% de los españoles respalda esta medida adoptada hace ya más de una década.
Asimismo afirman que tras ser avalada por el Tribunal Constitucional en 2021, a través de una sentencia que señala que la prisión permanente revisable no es incompatible con el fin reeducador de la pena, procede ahora «profundizar en los efectos de prevención general y prevención especial en algunas figuras del delito de asesinato».
OCULTAR EL CADÁVER, UN «DOLOR AÑADIDO» A LOS ALLEGADOS A LA VÍCTIMA
Respecto a la ocultación del cadáver, el PP y UPN argumentan que, además de la aflicción por la muerte, la imposibilidad de recuperar el cuerpo sin vida de una víctima para darle las honras fúnebres constituye «un dolor añadido» para los familiares. Y sostienen que cuando el delincuente se niega a revelar el paradero del cadáver incurre en una conducta concurrente con el asesinato dirigida a causar «un daño concreto y específico» a los allegados de la víctima.
En ese sentido, el texto defiende que este comportamiento debe castigarse con una pena más grave y añade que la prisión permanente revisable podría además incentivar al reo a revelar la ubicación del cadáver, incluso ya condenado, al poder beneficiarle esa información en una eventual suspensión de la pena, una vez cumplidos veinticinco años de prisión efectiva, en los términos previstos en el artículo 92.1.c) del Código Penal.
INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN ESPECIAL
En cuanto a la reincidencia, la proposición señala que, aunque la pena por asesinato es elevada, no es imposible que el condenado recupere la libertad por la aplicación de beneficios de suspensión de la pena y permisos penitenciarios. Y esgrime que la comisión posterior de otro asesinato «justifica el uso de la prisión permanente revisable como instrumento de prevención especial respecto del delincuente que encuentra en esas circunstancias plena justificación».
En este sentido, el PP y UPN afirman que «sorprende a los ciudadanos ver casos en los que un delincuente ya condenado por asesinato en el pasado vuelve a cometer tal delito al encontrarse de nuevo en libertad» y subrayan que la comisión de un nuevo asesinato revela «una tendencia criminal de la que la sociedad tiene el legítimo derecho a precaverse».
