Expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) proponen «estandarizar» y revisar la aportación que los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) deben afrontar según su capacidad económica, «garantizando la equidad y la accesibilidad del servicio» al advertir de que «dos personas que tienen exactamente la misma renta y el mismo patrimonio pueden pagar una cantidad totalmente distinta por las horas» en función del ayuntamiento en el que residen.

Esta es una de las recomendaciones que se desprenden del informe encargado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a la USC titulado ‘A reforma necesaria do financiamento local’ que incluye un capítulo realizado por las profesoras de la Facultad de Economía de la Universidade de Santiago de Compostela María Cadaval y Carmen Sánchez Carreira sobre la financiación de los servicios sociales y del SAF.

Consultada al respecto por Europa Press, la doctora en Economía Aplicada María Cadaval recuerda que la normativa establece que los consistorios que presten estos servicios se pueden financiar a través de tres vías: las transferencias de la Xunta, la aportación que decide hacer cada ayuntamiento y, en tercer lugar, la de las personas usuarias.

Un hecho que «da la competencia a las entidades locales, que a través de sus ordenanzas fiscales pueden concretar este aspecto», y que implica que «en Galicia existan 313 fórmulas de cálculo» de lo que es la aportación –una por cada municipio–.

«Es decir, aunque seguramente muchas de ellas coinciden, cada consistorio puede amoldar la estructura general a su interés particular o a su capacidad de financiación», ha explicado para señalar que esta cuestión hace que desigualdades entre municipios.

Todo ello, ha explicado, en un contexto en el que, además, en la práctica se observa una «tendencia» a que los ayuntamientos traten de hacer que «cada vez la aportación que hace el usuario sea menor». «Regulan de tal modo que, de facto, la aportación va cayendo en términos relativos a lo largo del tiempo», ha apuntado.

En concreto, el informe, en el que se cita también el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Autónoma y la Fegamp para incrementar en los próximos años la cuantía que transfiere la Xunta, se explica que a lo largo del periodo 2018-2024, se consolidó una tendencia de incremento progresivo de la aportación autonómica, que en el año 2024 se situó en 12 euros por coste de servicio (62% del total) en un contexto en el que los ayuntamientos también fueron aumentando de forma significativa su participación, alcanzando los 5 euros por hora (26%).

Todo ello mientras que la contribución de las personas se redujo hasta los 2,3 euros (12%) de media, «un comportamiento que pone de relieve la voluntad de limitar el impacto económico directo sobre las familias, garantizando el acceso al servicio», según indica el informe.

«ESTANDARIZAR EL SERVICIO»

Por otra parte, el trabajo incluye en su decálogo de recomendaciones para el SAF la de «estandarizar los servicios y las condiciones de prestación». Un aspecto sobre el que María Cadaval recuerda que en el propio decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia en 2012 y que establece los criterios para el copago incluye también el catálogo de servicios básicos.

En este contexto, el informe apuesta por determinar con claridad cuáles son las prestaciones obligatorias susceptibles de cofinanciación pública por parte de las distintas administraciones, y cuáles son complementarias, cuyo coste debe ser asumido por los ayuntamientos y por las personas con capacidad económica.

«Hay muchos SAF distintos, lo que decimos es que tiene que haber una columna vertebral que debe financiar la Xunta y, a partir de ahí cada ayuntamiento tiene libertad para proporcionar todos los servicios que considere oportuno pero ya no tendría que ir con cargo a esa transferencia por parte de la Administración autonómica», ha dicho.

El documento que hace un análisis al detalle de este servicio en Galicia, sostiene que la singular realidad demográfica hace de ella un auténtico laboratorio de innovación en políticas de cuidado, con capacidad para construir un modelo de gestión social de envejecimiento que pueda servir de referencia.

INFORME PARA LA FEGAMP

Este trabajo, coordinado por los economistas Xoaquín Fernández Leiceaga, Javier Suárez Pandiello y Santiago Lago Peñas, avisa de la necesidad de reformar el sistema de financiación local, tanto en lo referido a la participación en los ingresos del Estado como de la Comunidad autónoma, y propone nuevos criterios y herramientas.

La necesidad de que los ayuntamientos se beneficien del impacto positivo que el turismo tiene en las cuentas autonómicas, la gestión de los residuos y del agua teniendo en cuenta las «nuevas sensibilidades, demandas y derechos» son otros de los asuntos analizados en este trabajo.