Los documentos desclasificados del intento del golpe de Estado del 23-F ratifican que la sociedad gallega no permaneció inmóvil ante lo sucedido y hubo reacción en ámbitos como el universitario –con desalojos y protestas– y el obrero –con paros en factorías de Vigo y Ferrol como Álvarez, Barreras, Vulcano, Astano o Bazán–.

Los documentos que se pueden ver en la web oficial de La Moncloa incluyen informes de las distintas jefaturas superiores de Policía del país relativos a los días posteriores al intento de golpe de Estado bajo el lema «situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas en relación a la ocupación del Palacio del Congreso de los Diputados».

La Jefatura Superior de Policía de A Coruña informa, con respecto al día 24, de desalojos en Santiago de Compostela, en las facultades de Filología, Ciencias de la Educación e Historia.

También se apunta a la difusión de propaganda de formaciones como LCR (Liga Comunista Revolucionaria, según menciona otro informe), MCG, PCS, y PST convocando asamblea para «tratar sobre el castigo a los culpables y depuración de elementos fascistas de los Cuerpos de Seguridad».

Además, se apunta a que en esta jornada, en Ferrol, se produjo un paro de 3.500 trabajadores en Astano durante dos horas (de 10 a 12), y de 6.200 empleados en Bazán, entre las 12 y las 13 horas, en este caso.

En Vigo, se agrega que, siguiendo el llamamiento de CC.OO. y UGT, se registraron paros en las factorías Álvarez, Barreras y Vulcano. También asambleas en estas empresas y en Citroën. Igualmente, en Vigo se alude a la difusión de panfletos llamando a una concentración a las 19,30 horas de esa jornada en la Puerta del Sol.

Además, en Vilagarcía de Arousa se revela que el PCG hacía un llamamiento para realizar dos horas de paro «en apoyo de la Constitución, Instituciones y jefe del Estado».

25-F: «NORMALIDAD GENERAL EN LA REGIÓN POLICIAL»

Si en el informe global del 26F ya no figura referencia a Galicia, la Jefatura Superior traslada el 25 de febrero una situación de «normalidad general en la región policial», aunque se registran algunos incidentes.

En concreto, se habla de paros parciales en Filología y Geografía e Historia de la Universidad de Santiago; y paro total en la Facultad de Económicas.

Sigue habiendo propaganda suscrita por la Liga Comunista Revolucionaria solicitando la «depuración de los cuerpos represivos» y se hace constar una asamblea en la Facultad de Medicina, con asistencia de 500 personas, acordando un paro total para esa jornada en toda la universidad.

También se hace constar una manifestación de unos 20 estudiantes con gritos de protesta contra «la ocupación del Congreso» y se indica que «se disolvieron» ante la presencia de la Fuerza Pública.

En Vigo, se apunta a que se detectó propaganda suscrita por «Esquerra Galega» (Esquerda Galega) sobre el intento de golpe de Estado, realizando un llamamiento a los trabajadores a «consolidar conquistas democráticas».

Finalmente, se hace constar una llamada telefónica anónima «anunciando la colocación de explosivos en el edificio Grupo San José». Agrega la Policía que resultó ser falsa.

SEPARATISMO EN GALICIA: AMENAZA «INTERIOR»

Los documentos también recogen un informe del Ministerio de Defensa, previo al 23-F –tiene fecha del 10 de febrero–, en el que se hace un listado de movimientos que se consideran una amenaza «interior» en lo que respecta a la unidad de España.

Apunta que, al igual que en Cataluña, «el separatismo violento gallego encuentra por el momento muy poco eco», pero se recalca que podría llegar a constituir «una amenaza potencial a muy largo plazo».

Como integrantes del «espectro separatista gallego» se apunta al Bloque Nacional Popular Galego, al Partido Obreiro Galego, Irmandade Galega y Partido Galego do Proletariado. De algunos se incide en su militancia «escasa» y en el caso del último se recalca que es «partidario de la lucha armada».

«(Partido Galego do Proletariado) Cuenta con Lucha Armada Revolucionaria (ALAR) como órgano que habrá de materializarla. Tiene relaciones con ETA», apuntaba el informe.