El auge de las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, ha reconfigurado las economías urbanas, al llevar la actividad turística al corazón de los barrios residenciales y generar efectos económicos «tan sustanciales como ambivalentes», según un documento de trabajo de Fedea que revisa 429 estudios internacionales sobre este fenómeno y sus regulaciones.
El informe concluye que el impacto más documentado se concentra en el mercado de la vivienda: la expansión de estos alquileres reduce la oferta destinada al uso residencial de larga duración y capitaliza las rentas turísticas esperadas en el precio de los inmuebles, lo que se traduce en subidas de precios y de alquileres que afectan sobre todo a los inquilinos, mientras que los propietarios y los anfitriones profesionales son los principales beneficiarios.
En paralelo, los autores señalan que los alquileres de corta duración redistribuyen el gasto turístico hacia los barrios, impulsando la actividad y el empleo en restaurantes, ocio y servicios de consumo, y fomentando inversiones en reforma y renovación tanto de viviendas como de locales comerciales, especialmente en zonas con menor presencia hotelera y baja intensidad comercial previa.
Este dinamismo viene acompañado de efectos secundarios en la estructura comercial y en la vida cotidiana de los vecinos: en las áreas con alta concentración de pisos turísticos proliferan negocios orientados al visitante en detrimento de los comercios de proximidad, se incrementa la rotación de residentes y se registran problemas de ruido, congestión y pérdida de calidad de vida, así como procesos de desplazamiento y «turistificación» del comercio.
El documento también repasa la evidencia disponible sobre el impacto en el sector hotelero, donde los alquileres de corta duración intensifican la competencia, presionan a la baja los precios, especialmente en los segmentos de menor categoría, y trasladan parte del excedente hacia los consumidores, al tiempo que obligan a los hoteles a ajustar su oferta y estrategias comerciales.
Ante este conjunto de efectos, Fedea subraya que los gobiernos han desplegado un abanico muy diverso de respuestas -desde prohibiciones y cupos hasta licencias, obligaciones de registro y requisitos de intercambio de datos- pero advierte de que la investigación académica aún no ofrece una evaluación global y comparada de la eficacia de cada enfoque ni de su capacidad para equilibrar las ganancias de eficiencia con los costes distributivos y las externalidades de barrio.

