La Fundación Érguete-Integración ha advertido de que la supresión del subsidio de excarcelación con la reforma del Real Decreto-Ley 2/2024 que lo integra en el Ingreso Mínimo Vital supone «un retroceso muy grande» para la reinserción y sostiene que el IMV «no está pensado» para este colectivo, ya que los requisitos exigidos se convierten en «barreras infranqueables».
Así lo han señalado las responsables del informe ‘Consecuencias de la supresión del subsidio de excarcelación e impacto social en Galicia’, que han expuesto ante la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, además de a la adjunta al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, y el director del área de Seguridad del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez.
Al inicio del acto, Fernández Galiño ha subrayado que se trata de un informe «muy importante» porque pone sobre el papel que la sustitución del subsidio de excarcelación por el IMV «trae consecuencias de burocratización, demora en el reconocimiento y la posible denegación».
Por su parte, Andrés Jiménez ha señalado que el IMV «no ha sido pensado para las personas privadas de libertad» y ha reconocido que ya han llegado quejas al Defensor del Pueblo sobre este asunto.
CONSECUENCIAS
El encargado de presentar el acto ha sido el presidente de la Fundación Érguete, Rubén Cagiao Avendaño, que ha reivindicado que la salida de prisión debe ser «un comienzo, no una vuelta atrás», por lo que ha lamentado que la supresión de subsidio ha supuesto «un vacío de protección para muchas personas» que acuden a la entidad.
«Tenemos que avanzar hacia un modelo que no deje a las personas excarceladas sin red en el momento en el que más lo necesitan», ha defendido.
A continuación, la secretaria de la Fundación, Antía Cisneros Galovart, ha explicado que el informe dirigido a la valedora tiene como objetivo «alertar de cómo este cambio legislativo, lejos de ser una mejora o simplificación administrativa», ha supuesto «un retroceso muy grande en la reinserción social de las personas excarceladas».
En su exposición, ha destacado que el subsidio «no solo era una ayuda económica, sino una herramienta de justicia social» orientada a la reinserción. Ahora, con la integración del subsidio en el IMV, el carácter reparador «ha desaparecido» y ha provocado «el olvido injustificado de las víctimas por parte del legislador».
«BARRERAS INFRANQUEABLES»
En concreto, la ponente ha defendido que el IMV no está pensado para personas excarceladas, ya que se exigen determinados requisitos que se han convertido en «barreras infranqueables» que imposibilitan su obtención.
Entre ellas, ha indicado que para lograr el Ingreso Mínimo Vital es necesario contar con empadronamiento o acreditación de domicilio, una unidad de convivencia constituida con seis meses de antelación, estar de alta en la Seguridad Social durante periodos mínimos o acreditar vulnerabilidad económica a través de los ingresos del año anterior.
«El antiguo subsidio era una medida individual de apoyo a la reinserción, pero el fundamento del IMV no es la reinserción, sino que se trata de una medida de carácter general que tiene como objetivo paliar la pobreza de las familias», ha resumido.
Por su parte, la técnica en medio penitenciario de la Fundación, María Rodríguez Lago, ha relatado que la reforma ha provocado la supresión de la protección inmediata porque, tal y como ha detallado, el IMV requiere un proceso largo, frente a la ayuda inmediata del subsidio, la burocracia se incrementa y se erosiona el principio de reinserción.
Para Rodríguez Lago, en el IMV el único control es la falta de ingresos, mientras que el subsidio se relacionaba con políticas activas de empleo, «vinculando su concesión a la demanda de empleo de la persona solicitante».
4 DE CADA 5, DENEGADAS
Cuestionadas sobre si los datos de reincidencia han aumentado ante la falta de recursos de los excarcelados sin el subsidio, han señalado que estas personas están «sobreviviendo como pueden» y posiblemente «utilizando la economía sumergida».
Así, han apuntado que la idea del informe es dar pie a que las administraciones profundicen sobre esto y aporten datos de la incidencia que, han señalado, desde la entidad ven «en la práctica», pero que creen imprescindible que se ponga de manifiesto en datos estadísticos.
Aunque han explicado que es pronto para dar datos de reincidencia, ya que implicaría una nueva condena, han manifestado que de cada cinco solicitudes que tramitaron del colectivo de privados de libertad «hay una que se resuelve en positivo».
PROPUESTAS
Ante esta situación, el informe plantea varias propuestas «urgentes», comenzando por un registro estadístico y seguimiento a través de datos del INSS y del Ministerio que incluyan datos desagregados de solicitudes y denegaciones del IMV a personas excarceladas.
También revisar el Real Decreto-ley 2/2024 y proponer al Gobierno una evaluación del impacto normativo de la supresión del subsidio, así como, si procede, recuperar una ayuda específica para integrar adecuadamente al colectivo y crear una prestación transitoria automática.
Otra de las propuestas pasa por permitir que la persona reclusa pueda iniciar la solicitud del IMV antes de la excarcelación para que se resuelva en el momento de la salida, que se reconozca el trabajo penal como cotización válida y facilitar el empadronamiento y la documentación.
«La reinserción no es solo un derecho del recluso, es una garantía para toda la sociedad. Es imperativo revisar esta normativa para que la libertad no sea simplemente la puerta de entrada a una pobreza sin salida», han reclamado las ponentes.
