El PP de Vigo ha denunciado que el Ayuntamiento olívico tendrá que pagar 1,1 millones a Servisar, empresa del grupo DomusVi, por daños y perjuicios tras haber prestado el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) «sin contrato».

En un comunicado, los ‘populares’ han criticado la «nueva chapuza» del alcalde, Abel Caballero, indicando que el interventor municipal avala el pago por los daños y perjuicios causados, sosteniendo que el servicio se realizó «al margen del procedimiento legal» tras finalizar el contrato anterior y haberse presentado recurso contra el nuevo.

«Así lo dice el informe del interventor municipal, que señala que el servicio se prestó mediante un contrato verbal o a través de un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», ha reprochado el concejal ‘popular’ Fernando González Abeijón.

Para el edil, «no es un hecho aislado ni un error puntual, sino la consecuencia directa de una mala gestión del gobierno de Caballero, que ha llevado al Ayuntamiento a una situación límite y jurídicamente insostenible».

El documento, según subraya Abeijón, revela que el SAF se prestó durante todo diciembre «sin contrato, sin cobertura legal y fuera de cualquier procedimiento administrativo». Y es que una vez finalizado el anterior contrato, no era posible acordar una prórroga y el nuevo fue recurrido ante el Tacgal, «por lo que tuvo que ser suspendido y se retrasó su entrada en vigor».

El concejal ha subrayado la importancia de una prestación «esencial» como el SAF, que atiende a personas mayores y dependientes, por lo que «no debe paralizarse». «Precisamente por eso, la solución tenía que haberse buscado de otra forma, de manera legal, transparente y con control democrático», ha reprochado.

Sin embargo, el gobierno local optó por «dejar que la empresa siguiera prestando el servicio, subir el precio al nuevo contrato y después pasar una factura millonaria», insisten desde el PP de Vigo.

Además, González Abeijón ha añadido que esa indemnización, que se pagará con un reconocimiento extrajudicial de crédito, debería haber ido al pleno municipal tal y como establece la doctrina del Tribunal de Cuentas, «pero el gobierno de Caballero optó por aprobarla en junta de gobierno local y así tratar de evitar el debate político y el control de la oposición».