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CIG-Ensino traslada a la ministra de Educación «demandas urgentes» para que se cumpla la «legislatura del profesorado»

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La nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, ha recibido este lunes a la seretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, y a la secretaria de Finanzas e Saúde Laboral, Marta Ferreiro, quienes han trasladado las «demandas urgentes» para que se cumpla la llamada «legislatura del profesorado».

En una reunión presencial en Madrid, la secretaria nacional del sindicato se ha referido a la recuperación de las 18 horas y la reducción de ratios, la dotación de medios para atender la diversidad, la reforma de las oposiciones, la creación de un único cuerpo docente A1, la revisión de la LOFP o el derecho a la jubilación anticipada.

Durante la reunión con la nueva ministra, que ha transcurrido en un clima de «cordialidad», según ha destacado la central sindical en una nota de prensa, Arroxo le ha recordado las palabras de su antecesora sobre que esta iba a ser la «legislatura del profesorado».

A pesar de reconocer que se había producido con bastante rapidez la negociación del Anteproyecto de Ley que pretende regular la recuperación del horario lectivo previo a los recortes de 2012 y la bajada de ratios, ahora su tramitación parlamentaria «puede demorarse muchos meses e incluso bloquearse», por lo que la CIG ha exigido que «se tenga preparada otra medida para aprobar esta normativa antes de que finalice la legislatura».

Durante la conversación, la principal protagonista ha sido la atención a la diversidad, de hecho, Arroxo ha mostrado su preocupación por «la falta de profesionales en este campo con la particularidad gallega de que la bajada del horario en infantil y primaria no vino acompañada de un incremento en el número de maestras y especialistas».

Además, según ha traslado Arroxo en la reunión, hay otras cuestiones que llevan «lastrando» el funcionamiento del sistema educativo, «y que son competencia directa del Ministerio», tal y como ha recordado.

Entre ellas se ha referido a la actualización del Real Decreto de acceso e ingreso en la función pública docente después de 20 años y la dificultad «cada vez mayor «de encontrar profesionales en determinadas especialidades.

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