El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha abierto una consulta pública previa para abordar cambios en el reglamento de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el objetivo de adaptarlo a nuevas actividades y amenazas, como es el ámbito de los criptoactivos, según el documento publicado en la página web del ministerio.
En concreto, Economía explica que, tras más de diez años de vigencia del reglamento, quiere adecuarlo ante las diversas transformaciones socioeconómicas y las que se han registrado en el propio sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Así, señala su intención de actualizar el reglamento teniendo en cuenta la evolución de los métodos y tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el desarrollo de nuevas actividades económicas y amenazas, como las derivadas del ámbito de los criptoactivos y la modificación de los estándares internacionales elaborados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, Economía informa de que va a acometer la transposición del paquete antiblanqueo europeo, compuesto por la Directiva (UE) 2024/1640 y el Reglamento (UE) 2024/1624. La mayor parte de este paquete se incorporará al ordenamiento jurídico español mediante una norma con rango de ley que se está tramitando en paralelo, pero explica que hay algunas cuestiones menores que ya pueden incorporarse al reglamento español, permitiendo así mantener actualizado el sistema de prevención del blanqueo de capitales.
Igualmente, considera que, tras los más de diez años de vigencia del reglamento, es ineludible corregir algunas deficiencias observadas, como la necesidad de regular adecuadamente la obligación de los sujetos obligados de nombrar representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
El ministerio explica que la idea es modificar el reglamento actual para adaptarlo a los nuevos escenarios mediante una reforma parcial de la norma, descartando así la derogación del actual reglamento y la aprobación de uno nuevo.
Esta consulta pública previa permanecerá abierta hasta el 3 de febrero para que los agentes potencialmente afectados y las organizaciones más representativas den su opinión al respecto.
