El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el BNG para rechazar la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer en los tribunales de instancia de Ourense y Santiago.
En concreto, la iniciativa, debatida este miércoles en la Comisión 1ª, insta a la Xunta a realizar las gestiones necesarias para que, modificando lo dispuesto en el Real Decreto 422/2025, la jurisdicción de las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de Instancia de Ourense y de la capital gallega se circunscriban a los respectivos partidos judiciales.
En su defensa, el diputado nacionalista Iago Tabarés ha asegurado que la medida es «altamente perjudicial», además de «atentar contra el equilibrio territorial», ya que «elimina servicios de justicia en el rural y compromete el funcionamiento de la administración al abocar a la saturación a las unidades judiciales de nueva creación.
Además, ha lamentado que «lo más grave es la revictimización de las denunciantes», que tienen que desplazarse «más de 100 kilómetros en momentos críticos para realizar reconocimientos o diligencias, abandonando su zona de confianza».
MARCO FINANCIERO PLURIANUAL UE
Por otro lado, también ha salido adelante una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre la defensa de la política de cohesión y de los sectores estratégicos de Galicia ante la propuesta de la Comisión Europea para el futuro Marco financiero plurianual y la exigencia de una posición clara y pública del Gobierno central.
En este caso, la proposición ha contado con el voto favorable del PPdeG y del diputado de Democracia Ourensana, mientras que el PSdeG la ha rechazado y el BNG se ha abstenido.
Así, la iniciativa insta a la Xunta a manifestar su rechazo frontal a la propuesta de la Comisión Europea en aquellos aspectos que suponga la «dilución de la política de cohesión, la centralización de la gestión de los fondos europeos o la pérdida de criterios objetivos y transparentes de asignación territorial».
También pide defender una política de cohesión «diferenciada, con presupuesto propio y suficiente, basada en la gobernanza multinivel y en la gestión compartida» y exigir el reconocimiento expreso de las comunidades autónomas como autoridades de gestión de los fondos europeos en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, reclama una política agraria común «fuerte, estable y adecuadamente financiada», una política pesquera que «respete las especificidades de las regiones costeras e instrumentos específicos para el desarrollo rural, la industria, la innovación o el transporte, entre otras.
Por otra parte, insta al Gobierno central a que haga pública su posición oficial sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa al futuro Marco Financiero Plurianual y exigirle al Ejecutivo que incorpore «de forma real y efectiva» a las comunidades en el proceso de negociación de este Marco.
PROPOSICIONES RECHAZADAS
Por el contrario, los populares han rechazado otra proposición no de ley del BNG relativa a la aprobación de una nueva Ley de Administración Local de Galicia y un nuevo modelo de financiación de los ayuntamientos.
También ha votado en contra de dos iniciativas del Grupo Socialista. En primer lugar, una propuesta para demandar al Gobierno gallego que actualice su aportación económica a los colegios de abogacía y, en segundo lugar, otra en relación sobre las medidas que considera debería tomar la Xunta para impulsar la movilidad y la promoción profesional en el ámbito de los servicios sociales de la Administración autonómica.
