Trece años después de uno de los mayores accidentes del ferrocarril en España, el que ocasionó 80 muertos y dejó más de un centenar de heridos en el barrio de Angrois, en Santiago, el proceso judicial continúa abierto, a la espera de que los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña se pronuncien sobre los 108 recursos contra la sentencia.

Una sentencia que condenó a dos años y medio de prisión tanto al maquinista, Francisco Garzón, como al exjefe de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento de un tren Alvia en la curva de A Grandeira, a poca distancia de la estación compostelana.

La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital gallega dictaminó que ambos incurrieron en 79 delitos de homicidio –la jueza no computa a uno de los fallecidos, días después del siniestro– y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave: el maquinista por el exceso de velocidad y el ex alto cargo de Adif por la ausencia de un análisis de riesgo en ese tramo en el que no había instalado el máximo sistema de seguridad, para evitar un fallo humano.

La condena se hizo pública en julio de 2024. Un año atrás, en julio de 2023, terminó el juicio, un macroproceso que duró nueve meses. En abril de 2024, la jueza remitió los escritos a la Audiencia Provincial de A Coruña: las defensas de Garzón Amo y de Cortabitarte piden su libre absolución o una reducción de la pena.

Atrás quedaron ocho años de instrucción judicial de una compleja causa que ya desde sus inicios sumó miles de folios, con varios cierres y reaperturas, forzadas por las numerosas protestas de las víctimas, que siempre reclamaron «verdad y justicia», y por la intervención de Europa, que atendió a sus reivindicaciones. Por sede judicial pasaron decenas de implicados: desde responsables directos a peritos, pasando por expertos de la Unión Europea.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el pasado viernes 19 de diciembre se produjo la votación y fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre los 108 recursos contra la sentencia.

Así las cosas, todas las partes personadas en la causa están pendientes de esta resolución: los condenados, pero también las aseguradoras y los afectados a los que la sentencia fijó una indemnización definitiva.

En concreto, los recursos contra la resolución proceden de los dos condenados; la Fiscalía; una de las asociaciones de víctimas, Apafas (acusación popular), 99 acusaciones particulares; Allianz Seguros y Reaseguros (actor civil); QBE –aseguradora de Renfe– y Allianz Global –aseguradora de Adif– (responsables civiles directos); y Renfe y Adif (responsables civiles subsidiarios).

La Fiscalía, que en su momento se dirigió contra las dos personas que finalmente fueron condenadas, retiró en el último momento la acusación a Cortabitarte, y después recurrió la sentencia. Una vez se conozca el fallo, las partes podrán acudir al Tribunal Supremo y después aún quedarían el Constitucional y Europa, si fuera viable.

LA OTRA VÍA PENDIENTE, EN EUROPA

Precisamente en Europa se encuentra la otra vía pendiente en la causa, que es la que la plataforma de víctimas del accidente del Alvia en Angrois promueve en relación con la investigación técnica, la que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo adscrito al Ministerio de Transportes que ahora se encarga de determinar las causas del siniestro de Adamuz.

En febrero del año pasado trascendió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos someterá a examen la demanda con la que la plataforma de víctimas sigue exigiendo que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro ferroviario de A Grandeira.

Y es que la CIAF realizó en su día un informe que establece que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad, documento que fue censurado por la Agencia Ferroviaria Europea y por la Comisión al no entrar en las «causas raíz» –como el diseño de la línea y la evaluación de riesgos en ella–.

Por eso, para exigir una nueva investigación e «independiente», la plataforma interpuso una demanda por lo contencioso que es la que ahora se encuentra en Europa.