El BNG ha registrado en el Senado varias iniciativas para que el Gobierno central adopte medidas urgentes para «flexibilizar» la aplicación del reglamento europeo de control de la pesca y «adaptarlo a la realidad de la flota artesanal gallega», un sector «especialmente perjudicado» por una normativa «hiperreguladora» y «excesivamente sancionadora».
La senadora nacionalista, Carme da Silva, ha señalado que este reglamento «fue fuertemente cuestionado por el sector pesquero gallego», especialmente por la flota artesanal, y no ha tenido en cuenta su «singularidad» a la hora de su aplicación.
Según ha recordado, la flota artesanal practica un tipo de pesca «muy respetuosa con el medio ambiente», y está afincada en poblaciones costeras, donde contribuye a su dinamización económica, a la fijación de población y a la creación de empleo. Por ello, ha incidido Carme da Silva, «resulta injustificable que se le apliquen las obligaciones pensadas para grandes flotas industriales».
El BNG ha denunciado que el reglamento «incrementa de manera desproporcionada la burocracia y los costes económicos», especialmente por las exigencias de digitalización, que hacen más complicada la actividad pesquera habitual y «complican seriamente el día a día de la flota de bajura». Así, hay embarcaciones «obligadas a hacer en torno a 8 declaraciones al día, si no quieren enfrentarse a sanciones de más de 3.000 euros».
Por eso, la senadora del BNG solicita al Gobierno descartar la aplicación automática de medidas como la instalación de cámaras a bordo, la generalización del diario electrónico o los dispositivos de control de la potencia de los motores. Asimismo, pide revisar el régimen de infracciones y sanciones, porque el sector considera «excesivas» las infracciones catalogadas como graves.
Igualmente, ha reclamado se le elimine la rigidez horaria en la notificación previa de entrada a puerto para barcos de 12 o más metros, y ha propuesto establecer un «sistema simplificado» para las capturas de poco volumen, ya que muchas embarcaciones de bajura carecen de sistemas de pesaje.
Finalmente, ha instado al Gobierno a «abrir un diálogo real con la flota artesanal gallega» y a hacer uso del «margen» que permite la normativa europea «para adaptarla a la realidad».

