La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sostiene que «hay que tomar medidas» contra lo que considera una «sinrazón» de la sección tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la «paralización» del sector eólico.
En una interpelación en el pleno del Parlamento, el diputado del BNG Luís Bará ha pedido a la Xunta que «deje de atacar» al TSXG, en lo que tilda de «acoso» y «coacción» a través de «declaraciones incendiarias».
El diputado nacionalista ha recriminado que los populares «están echados al monte» en lo que tacha de «posición antisistema». Por ello, emplaza al Gobierno gallego a que «respete las decisiones judiciales y «la separación de poderes».
Bará denuncia que «quien provocó inseguridad jurídica fue la Xunta del Partido Popular», ya que expone que los autos que paralizan cautelarmente proyectos son «sobre todo» por una vulneración de la protección ambiental, así como por fragmentaciones artificiales de parques. Acusa a los populares de «utilizar sus brazos armados mediático, judicial y policial» ante esta situación.
En respuesta, la conselleira de Medio Ambiente ha mostrado su «estupor» por las acusaciones de Bará, ya que niega estar «amedrentando» o «chantajeando» al TSXG, pues identifica las palabras de la Xunta sobre el TSXG con la «libertad de expresión». «Ya solo faltaría que no pudiéramos opinar», afirma.
Dice que los populares no convocaron «nunca» manifestaciones en contra del tribunal, lo que contrapone con otros grupos políticos. Pero opina que lo que ocurre con el TSXG es «insólito, inédito y muchas veces inexplicable».
Ángeles Vázquez asevera que, además del Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Supremo dio la razón a la Xunta «hasta cuatro veces». «No podemos permanecer callados», señala.
«Hay algo que no nos cuadra», ha proseguido en sus críticas a la sección tercera del TSXG, por lo que considera que «alguien se tiene que responsabilizar» de que se emitan toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente por decisiones que provocan «parálisis» en el eólico.
A modo de ejemplo, Vázquez ha indicado que el TSXG emitió en 15 días tres autos diferentes respecto a su posición en relación con la tramitación conjunta o no de parques y líneas de evacuación.
FRAGAS DO EUME
Por otra parte, José Manuel Golpe (BNG) ha criticado la «limosna» que da la Xunta a propietarios de las Fragas do Eume por sus terrenos. Apunta que el Gobierno gallego paga de media unos 70 céntimos por metro cuadrado cuando en Doñana se dan hasta 70.000 euros por hectárea a dueños de terrenos.
Recuerda que hay propietarios que no piden vender, sino trabajar su terreno y que quieren compensaciones por pérdidas de renta.
En respuesta, la conselleira de Medio Ambiente ha indicado que se compraron 96 fincas que son un total de 109 hectáreas a 29 propietarios a los se pagó más de 600.000 euros. Asegura que está previsto avanzar el próximo año en la compra de otras 60 hectáreas.
Vázquez incide en que la Xunta optó por negociar con propietarios interesados en la venta en vez de expropiar, pues «muchos decían que era una auténtica carga el territorio». Asevera que se trata de un proceso «totalmente garantista».
FINANCIACIÓN LOCAL
Otra de las preguntas de este pleno ha sido de Lara Méndez (PSdeG) para denunciar que los municipios están «asfixiados» por el aumento de competencias y «sin recursos ninguno» por parte de la Xunta.
Al respecto, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien una interpelación previa ya había expuesto que espera que la nueva ley de administración local esté lista en 2026, ha defendido un incremento del fondo de cooperación local «mucho más que la media del presupuesto» para el año que viene, además de criticar falta de apoyo del Gobierno central a entidades locales.
