El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha advertido que el Ejecutivo que lidera Alfonso Rueda «se rebela» contra el «trato discriminatorio» del Gobierno central y se ha referido al traspaso de la AP-68 y al último guiño a Junts con la cesión a Cataluña de las oposiciones para los funcionarios habilitados nacionales.

En unas declaraciones convocadas en los pasillos de la Cámara, Calvo ha incidido en que, si ya se «sabía» y estaba «contrastado que Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier tipo de concesión para mantenerse en el Gobierno o pasar a llamar señor Ábalos a quien era Jose y su compañero de coche durante mucho tiempo», han trascendido nuevos pasos que molestan al Ejecutivo gallego.

«Ayer supimos que el Gobierno está tramitando con Navarra el traspaso de la AP-68», ha ejemplificado, antes de insistir en que este no es «más que otro agravio a Galicia» porque se le está pidiendo «el traspaso de la titularidad de la AP-9 y el rescate en los últimos tiempos» sin logros más allá de «bloquear el debate» en el Congreso.

También se ha quejado de que, ante el expediente de la UE por la prórroga autorizada por el Gobierno –cuando José María Aznar estaba al frente–, la Xunta pidió conocer las alegaciones también sin éxito. «No que se nos hiciese caso, sabíamos en qué sentido irían, sino simplemente que se nos traslasdase cuáles son y, a día de hoy, no lo sabemos», ha denunciado.

«No sabemos nada sobre la situación de la AP-9, pero sí sabemos que con otras comunidades autónomas se está negociando el traspaso de titularidad», ha lamentado, antes de incidir en que el Gobierno también es capaz de hacer «lo que sea» por Carles Puigdemont.

Así, ha advertido que los propios habilitados nacionales y sus colegios están «en contra de la cesión a las comunidades». En el caso de Galicia, ha añadido que, además de haberse posicionado en contra, el Ejecutivo autonómico le ha instado a que «cubran todas las plazas que están sin convocar».

«Contra esto nos revelamos y expresamos nuestra disconformidad. No puede ser que haya ese trato discriminatorio en este caso hacia la comunidad de Galicia», ha sentenciado.