El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha insistido en que el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) debe llegar «íntegra» a los trabajadores, pero ha recordado que la decisión sobre su tributación corresponde al Ministerio de Hacienda.

«Nosotros tenemos nuestra propia consideración al respecto, pero sea cual sea esa decisión, hay que garantizar que la subida del salario mínimo interprofesional vaya íntegramente a beneficiar a los trabajadores de este país», ha expuesto durante la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación de noviembre.

Al ser preguntado por la propuesta de CCOO y UGT de subir el SMI un 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes, con tributación en el IRPF, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio de Trabajo ha pedido dos escenarios a la Comisión de Expertos que les está asesorando para determinar en qué porcentaje debería subir esta renta mínima en 2026: una subida con tributación y otra sin tributación.

«Esto lo que garantizará es que, sea cual sea el régimen fiscal de esas rentas, las subidas beneficien a las personas trabajadoras», ha expuesto, a la vez que ha recordado que el Ministerio está trabajando en la reforma del reglamento del SMI para que, incluso, las reglas de absorción y compensación no puedan afectar negativamente a la idea de que las subidas del SMI deben ir «íntegramente a los bolsillos de los trabajadores».

En esta línea, Pérez Rey ha indicado que desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz están esperando a que se culminen los trabajados de la Comisión de Expertos, que están manteniendo reuniones estos días, y espera poder avanzar de manera «bastante importante» los trabajos para la semana que viene.

Una vez se conozca la propuesta de los expertos, ha apuntado el ‘número dos’ de Trabajo, será el turno de la mesa de diálogo social, donde se buscará conectar el informe de los expertos con las propuestas de las organizaciones sindicales y patronales.

CREE QUE CEOE Y CEPYME SE HAN CONVERTIDO UN «OPERADOR POLÍTICO»

Sobre CEOE y Cepyme, Pérez Rey ha trasladado la «profunda decepción» del Ministerio con la patronal por sentarse en las mesas de negociación para «no hacer aportaciones» y «jugar con los tiempos», como ha sido en el caso de la mesa de diálogo social para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

«Creo que esa posición de la patronal, que solo puede entenderse por motivos políticos o solo puede entenderse porque hay unas elecciones a la propia patronal en el horizonte, es poco edificante para el diálogo social y, desde luego, lo que sí le dejo claro es que la patronal lo que no puede hacer es congelar las iniciativas legislativas que el Gobierno tiene comprometidas con la ciudadanía y que tiene comprometido con los propios agentes sociales», ha indicado.

Pérez Rey ha afirmado mantener «cierto pesimismo» sobre el funcionamiento del diálogo social, ya que CEOE y Cepyme han renunciado a ser un interlocutor social y se han convertido un «operador político». «Hay razones detrás de eso, yo no soy quién para juzgarlo, pero eso tiene un impacto muy negativo en la marcha habitual del diálogo social», ha añadido.

El ‘número dos’ de Trabajo ha pedido a la patronal dedicarse a representar los intereses de las empresas y trabajadores y le ha recordado que a «los gobiernos los ponen los ciudadanos a través de sus votos». «La patronal se debería limitar a hacer su trabajo de representación», ha expuesto.

REFORMA DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y REGISTRO HORARIO

Sobre el avance de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Pérez Rey confía en ultimar esta semana los últimos encuentros con las organizaciones sindicales para acordar el texto «a la mayor brevedad», tras 20 meses de negociaciones, ya que es una cuestión «inaplazable» y la negociación con sindicatos está «muy madura».

EL CONTROL HORARIO SE ESTÁ ULTIMANDO

Sobre el nuevo desarrollo normativo del registro horario, otra norma que el Ministerio de Trabajo está desarrollando tras decaer el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, el secretario de Estado ha indicado que se están incorporando al real decreto algunas de las observaciones y cambios hechos durante su periodo de consulta e información pública, a la vez que se está culminando el desarrollo interno dentro del Gobierno con los informes del resto de ministerios.

Posteriormente, se llevará al Consejo de Estado y a la Agencia de Protección de Datos para obtener los dictámenes pertinentes. Aunque ha evitado dar plazos, Pérez Rey ha insistido en que es una norma «clave» para el Ministerio, que está impulsando de manera «especialmente intensa».