Funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este jueves a las puertas de los juzgados en Vigo y Ourense para denunciar que el nuevo modelo de oficina judicial será «un desastre» porque, en lugar de negociación, ha habido una «imposición» y la Xunta no ha querido hacer un estudio de las cargas de trabajo para reforzar las plantillas, utilizando el nuevo sistema como excusa para «ahorrar», empeorando el servicio.
En declaraciones a los medios, ante la Ciudad de la Justicia de Vigo, el responsable de Alternativas na Xustiza, Pablo Valeiras, ha advertido de que la modificación del modelo judicial ha servido como coartada a la Xunta para culpar de los problemas al Gobierno, cuando lo cierto es que «fue negociada y consensuada con todas las Comunidades».
Al margen de esto, ha remarcado que la Xunta no ha querido hacer una valoración de la carga de trabajo de los órganos judiciales, una carga que sobrepasa al personal, para poner en marcha el nuevo sistema. Al contrario, ha denunciado, el gobierno gallego retirará en las próximas semanas todos los refuerzos que tiene en los juzgados gallegos (algo menos de medio centenar) y las prolongaciones de jornadas.
Valeiras ha explicado que, en los juzgados de los pueblos pequeños «ya se está viendo» cómo la Xunta no está cubriendo plazas, con lo que ha concluido que la implantación de la nueva oficina judicial será utilizada por el gobierno autonómico para «ahorrar dinero». «Es lo único que pretenden», ha apostillado, antes de alertar de que esos recortes perjudicarán a trabajadores y a ciudadanos, empeorando el servicio.
Por otra parte, ha denunciado otras medidas, como las movilidades forzosas, y el empeoramiento de condiciones para funcionarios como los auxilios judiciales.
En el caso de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, el portavoz de Alternativas na Xustiza ha recordado que estos órganos son utilizados como «arma arrojadiza» por los partidos políticos, y que sus funcionarios sufren una «gran penosidad psicosocial», trabajando en formato de guardia de lunes a viernes.
En Vigo, ha explicado, se crea una nueva plaza de magistrado, «que no la paga la Xunta», pero solo tendrá una persona en el equipo, lo que «provocará un embudo, como siempre». «Las víctimas van cada vez menos al juzgado, porque tienen la sensación de que no se consigue nada», ha lamentado, y ha añadido que los problemas se extenderá a otros servicios, como el futuro Servicio Común de Ejecución, que se crea «infradotado».

