La secretaria xeral técnica de Consellería de Política Social e Igualdade, María Francisca Gómez, ha defendido que Galicia ha reducido en un 12% (47 días) el tiempo de espera de tramitación de la dependencia frente a críticas del PSdeG, que sostiene que pasa «mucho más» hasta que, por ejemplo, una trabajadora llega a una residencia.

La responsable autonómica se ha apoyado en datos recogidos por el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que utiliza datos del Imserso, para responder a una pregunta de la socialista Silvia Longueira realizada en la Comisión 5ª, Sanidad, Política Social y Empleo.

«Galicia rebaja los tiempos de tramitación y la media nacional los incrementa», ha asegurado Gómez, que ha incidido en que la «obligación» de la Consellería es «seguir rebajando» este tiempo hasta «resolver en plazo».

En contraposición, Longueira ha defendido que se trata de datos «falsos» y, «realmente», pasan cerca de dos años hasta que, por ejemplo, un trabajador del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) llega a casa de un solicitante. «No quiero saber lo que puede ser una solicitud en plazas de residencia», ha añadido.

Ante estas acusaciones, la directora xeral ha reiterado: «Son datos públicos del Imserso. Datos falsos no doy ninguno». Asimismo, Gómez ha destacado que, desde la puesta en marcha en enero del Plan de axilización e simplificación dos trámites da dependencia e da discapacidad, se han incrementado en más de 23.000 las nuevas personas atendidas frente a las 12.000 registradas en el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, ha destacado que el plan ha permitido «desburocratizar» los procedimientos con la «eliminación» de esa carga para el ciudadano; y ha conllevado la creación de un procedimiento nuevo de única solicitud para la dependencia y la dispacidad.

Por su parte, Longueira también ha dirigido sus críticas a la «derivación masiva» de personas dependientes a los hospitales; a los ‘Bonos coidado no fogar’, que piensa que están llevando a una «situación indigna», y la «proliferación de macroresidencias privadas».

CONVENIO COLECTIVO DE RESIDENCIAS PRIVADAS

Por otra parte, el secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández, ha admitido que hay categorías profesionales de trabajadoras de residencias privadas con un salario base por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), que liga a una «consecuencia» del «diseño estatal de la estructura retributiva» y no al convenio colectivo, que el BNG tacha de «caducado».

En esos casos, ha recordado que el SMI es de «obligado cumplimiento» y las empresas deben «complementar» hasta alcanzar el mínimo legal: «Si no lo hacen, tiene que actuar la Inspección de Trabajo».

Así lo ha explicado en respuesta a una pregunta a la diputada nacionalista Olalla Rodil, que ha denunciado que 12.000 mujeres trabajadoras de «centros públicos privatizados y concertados» llevan, desde 2023, con un «convenio colectivo caducado» y condiciones laborales «absolutamente injustas».

En concreto, Rodil ha apuntado que, en la «mayor parte» de los casos, estas empleadas cobran por debajo del SMI. Fernández, a esta afirmación, le ha contestado: «Si usted es consciente de que alguna empresa está pagando por debajo del SMI, acuda a la Inspección de Trabajo. Hay que denunciarlo»

En relación a la negociación del convenio colectivo, el secretario xeral ha recordado que la mesa de negociación se constituyó en abril de 2024, llegando a alcanzar un preacuerdo, que no fue ratificado por las asambleas de trabajadoras.

«Hubo acuerdos, hubo avances y hubo responsabilidad negociadora real por las dos partes», ha defendido. Así, Fernández sostiene que la Xunta «no está ausente», sino «encima del tema»; aunque ha insistido en que las condiciones laborales se pactan entre sindicatos y empresas y «no entre administraciones y partes sociales»: «La Xunta no sustituye a las partes».

Tras las explicaciones del secretario xeral, Rodil replicó: «Yo la implicación de la Xunta no la veo». Así, ha reclamado que se cree una mesa triparte que implique a empresa, sindicatos y al Gobierno gallego, en tanto que el 25% de los presupuestos de dependencia van a «pagar conciertos o privatizaciones».