El informe anual de la Valedora do Pobo correspondiente a 2024, cuyas líneas ha desglosado su titular, María Dolores Fernández Galiño, tras su entrega este jueves al jefe del Legislativo, Miguel Santalices, refleja que la ciudadanía confía en la institución, y que las quejas siguen, en cada ejercicio, al alza.

En síntesis, el documento constata un alza de quejas en un año en el que el número de expedientes se situó en 16.562 –un 0,88% más que los 16.417 de 2023– y, del total de asuntos abordados (4.155, cifra histórica en la institución), prima de nuevo sanidad como área que más preocupa a los gallegos.

Del total de quejas, 12.570 procedieron de campañas colectivas. Solo la movilización de O Carballiño por la sanidad pública aportó 8.541 reclamaciones, lo que explica que este municipio encabece tanto el volumen absoluto como la tasa relativa.

También destacan Sada –por la modificación de la línea Sada-Mera-A Coruña (950) y por la gestión del comedor y del servicio de madrugadores en el CEIP Pedro Barrié (177–, Tordoia (338 por profesorado de apoyo en el CPI Pecalama), Carral (171 por la escolarización y refuerzo del profesorado en el CEIP Vicente Otero Valcárcel) y Santiago de Compostela (conjunto de campañas de transporte, con 720 firmantes).

Con el foco ya en los asuntos –que alcanzan la cifra más alta de la historia de la institución (4.155)–, el 26,4% de los mismos están vinculados con sanidad. Las quejas abordan las esperas sanitarias (la institución resalta que se «solucionan» gran parte de las cuestiones tras su actuación ante la Consellería) y la falta de médicos de familia y de pediatras.

Otra de las casuísticas que motivan la investigación de la Valedora ante la administración sanitaria es la demora en la atención sanitaria de aquellos pacientes que rechazan la derivación de su caso a una entidad concertada o el derecho de acceso a la historia clínica.

INCLUSIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA Y RATIOS DE EDUCACIÓN

Le sigue Inclusión Social (con 530 asuntos de esta área, un 12,87%); Educación (con 299, un 7,2%), corporaciones locales y servicios municipales (con 294, un 7,08%) y empleo público (con 292, un 7,03%).

En la rueda de prensa, la valedora ha incidido en las quejas ligadas a la atención a la dependencia y a la discapacidad, con el foco en la necesidad de agilizar el acceso a esa atención, uno de los principales motivos de reclamación.

También ha puesto el foco en un motivo de queja reflejado en anteriores informes en relación a la situación de las residencias: la necesidad de que «cualquier restricción de libertad debe ser excepcional y contar con autorización o control judicial».

Y en educación, al margen de los casos de acoso escolar, una gran parte de quejas llegan motivadas por el incumplimiento de ratios, o deficiencias en la enseñanza digital, entre otras cuestiones.

DISTRIBUCIÓN POR ADMINISTRACIONES

Del total de asuntos, la mayoría (un 65%) afectan a la Xunta –sobre todo a los departamentos de Sanidade, Política Social y Educación)– y el 34% restantes, a diputaciones y ayuntamientos.

Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra recibieron 16 y 14 quejas, respectivamente; mientras que Lugo y Ourense, 6 y 5. Mientras, por ayuntamientos, el que fue objeto de más quejas es el de A Coruña (63), seguido de Santiago de Compostela (62) y Vigo (59).

Del total de quejas, en un 60% de casos fueron presentadas por mujeres y redactadas en gallego en el 80% de los casos.

De oficio, la valedora, que ha reivindicado el objetivo de la institución de situar «siempre en el centro los derechos de las personas, especialmente los de las más vulnerables, buscando no dejar a nadie atrás», tramitó 47 quejas vinculadas, sobre todo, con inclusión social y medio ambiente.

TRANSPARENCIA

En la rueda de prensa, la titular de la institución, alta comisionada del Parlamento, ha desvinculado de su situación en funciones desde hace meses que la presentación del informe anual se haya pospuesto hasta este mes, y ha evitado confirmar si desearía seguir al frente. Ha alegado que es una cuestión que no le corresponde y que no se ha abierto el proceso.

También ha evitado dar una opinión «subjetiva» en relación a que el Gobierno gallego impulse una modificación legislativa que retirará el control a la Valedora sobre la Comisión de Transparencia y se la trasladará al Consello Consultivo.

En todo caso, ha enfatizado que la institución que encabeza «tiene y sigue teniendo la competencia y facultad de supervisión de las administraciones en materia de transparencia. «De hecho, tenemos un área que se llama Transparencia y tramita más de cien quejas ciudadanas», ha zanjado.