La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha rechazado discrminación por el «color político» en las ayudas que la Xunta concede a los ayuntamientos, en respuesta a una pregunta planteada en la Comisión del Parlamento gallego celebrada este viernes por los socialistas, que han calificado como una «norma» el uso de concesión directa de subvenciones.

«La Xunta actúa conforme a la ley», ha sentenciado Natalia Prieto quien, ante la demanda socialista de un plan de subvenciones, ha asegurado que el «mejor» es tener «aprobados los presupuestos». Lo ha hecho, además, con repaso a las aportaciones realizadas a los municipios gobernados por PP, PSdeG y BNG.

De «infundadas» y «falsas» ha calificado las afirmaciones trasladadas desde el PSdeG, al que instó a solicitar al Gobierno central que modifique el sistema de financiación autonómica. «Tenemos una deuda por no aplicar un criterio de reparto justo», ha reprochado al Ejecutivo central.

CRITICAS DEL PSOE

«Hay un abuso sistemático que favorece a los ayuntamientos del PP», ha señalado la diputada socialista Patricia Iglesias respecto a la concesión directa de subvenciones en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento gallego.

En ella, ha denunciado un «uso sistemático sin criterios objetivos de reparto» de convenios de colaboración en la modalidad de concesión directa de subvenciones, vinculado, ha dicho, «más a estrategias de clientelismo político».

«Cuando se materializan las mociones de censura a favor del PP, de repente por parte del Gobierno gallego se anuncian infraestructuras prioritarias y se desbloquean obras de saneamiento o reformas en centros de salud», ha añadido.

«Es un procedimiento legal pero excepcional», ha insistido para rechazar los argumentos esgrimidos por la directora xeral y para pedir la aprobación de un plan «con criterios objetivos».

MEJORAS EDIFICIOS JUDICIALES

Este debate se ha producido en una Comisión del Parlamento gallego en la que el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha hecho balance, a preguntas de la diputada del PP Katherinie Varela, sobre las actuaciones de la Xunta en edificios judiciales. «El Gobierno central legisla y las autonomías pagan», ha aseverado en este punto la parlamentaria al cuestionar las partidas que vienen del Estado.

Tronchoni ha destacado las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años en dependencias judiciales, que supusieron una inversión de 129 millones de euros. De las mismas, ha aseverado que se enmarcan en la mejora de la accesibilidad tanto en los nuevos edificios como en los antiguos, así como también de la eficiencia energética. Asimismo ha destacado los 7,4 millones que se destinarán a la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Solo en mejora de la eficiencia energética ha situado la inversión en casi cinco millones para 2026. Mientras, ha subrayado el «proyecto innovador» en Ferrol para la atención a menores víctimas de abusos con una actuación coordinada y en un entorno «amigable».

ESPECTÁCULOS TAURINOS

En otro orden de cosas, y también a preguntas de los socialistas, el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha defendido el cumplimiento «escrupuloso» en Galicia de la Convención de los Derechos del Niño en relación a los espectáculos taurinos que ha contrapuesto a lo que ocurre con autonomías gobernadas por socialistas, con alusión a Asturias y Castilla-La Mancha.

De considerarse necesario más cambios, ha planteado a los socialistas modificar la ley estatal después de que la diputada Paloma Castro preguntase sobre la adaptación del marco normativo gallego a las objecciones del Comité de los Derechos del Niño respecto de la exposición de los menores a los espectáculos taurinos.