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AMPL.- Policías urgen mejores condiciones a Interior y acusan a la Xunta de poner «en peligro» a la unidad adscrita

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Agentes de la Policía Nacional han participado en dos protestas en Santiago de Compostela este jueves para denunciar «el abandono» del Ministerio del Interior y demandar mejores condiciones, además de alertar de que la Xunta pone «en serio peligro» a la unidad adscrita. De hecho, piden el cese del director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.

Con el trasfondo de la negociación del nuevo convenio entre Xunta y Ministerio del Interior sobre la unidad adscrita a la comunidad, y después de que el Gobierno gallego avanzase que, ante la falta de efectivos, se retirarán agentes de seguridad de las sedes del Parlamento de Galicia y del complejo administrativo de San Caetano, los agentes se han manifestado ante el Pazo do Hórreo.

Entre gritos de «Villanueva, dimisión» y «el Parlamento no se rinde a la privatización», el secretario de la Confederación Española de Policía (CEP) en Galicia, Agustín Vigo, ha proclamado que, sin entrar en lo que deben acordar las administraciones, la organización ve «inadmisible» que se retire la seguridad pública «de un edificio tan emblemático» y donde se «representa a todos los gallegos».

«Lo peor», ha agregado en referencia a unas declaraciones del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, es que las palabras del dirigente e la Xunta dan a entender, según el sindicato policial, que «si no hay acuerdo» con el Ministerio llegarán «más recortes».

«Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitar la seguridad a los parlamentarios? ¿A las comisarías? ¿Les vamos a poner también seguridad privada a las patrullas que están en la calle? Es que si abres esa caja de Pandora, se puede llegar hasta cualquier sitio», ha alertado.

«No tenemos absolutamente nada contra la seguridad privada, faltaría más, pero nosotros somos funcionarios públicos que estamos obligados a cumjplir la ley y a seguir la normativa. Las empresas de seguridad privada tienen unos intereses diferentes», ha aseverado.

DIMISIÓN DE VILLANUEVA

La CEP remarca que «no conocía las intenciones de recortes y privatización» de la Xunta ni que se adoptaría lo que ven «una medida privatizadora» de la función pública policial.

Por ello, el sindicato ha solicitado el cese de Villanueva y ha anunciado movilizaciones, avisando que de no llegar a un acuerdo satisfactorio llevarán las mismas a todas las ciudades donde esté presente la unidad adscrita, con el fin de defender así su existencia y decir algo y claro que «la policía y sus funciones no se privatizan».

Vigo ha incidido en que han hablado con los diferentes partidos (incluso «algunos sin representación» en la Cámara), y, sin precisar con exactitud qué formaciones, ha asegurado que hay disposición a defender sus peticiones en sede parlamentaria. De hecho, ha asegurado que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, se quedó «sorprendido» y les trasladó que «no había sido informado» de la retirada de efectivos.

Durante la propia protesta a la puerta de la Cámara los socialistas Lara Méndez y Aitor Bouza se acercaron a hablar con los agentes.

MEJORAS SALARIALES

Previamente, ante la comisaría compostelana de la Policía Nacional y mientras sonaba una canción que clamaba «Marlaska, paga y vete ya», con dos pancartas de denuncia de la situación de la policía –una con la Patrulla Canina como protagonista– y un esqueleto con la cara del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, policías nacionales y guardias civiles han demandado una mejora de condiciones.

En concreto, han denunciado el «abandono» de Interior frente a un «aumento de la criminalidad» y de las «agresiones», y también han denunciado «discriminación» salarial y han urgido mejores condiciones. Pero han puesto el poco con especial intensidad en reclamar «una jubilación digna».

Los agentes denuncian que carecen de medios legislativos «reales» ante las agresiones que padecen y que tienen que «encima tienen que ver como el partido que gobierna vota en contra en el Parlamento Europeo de que agredir a un policía sea un eurodelito y todos los policías, sin distinción, tengan la consideración de profesión de riesgo».

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